La Audiencia incluye al cantante Alejandro Sanz y al padre de Artur Mas
Investigan a 200 españoles por evadir capitales a Liechtenstein
Hacienda perdió 73 millones del 2002 al 2006 por el blanqueo de 170 millones
madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando una lista de unos 200 nombres de personas y sociedades españolas por haber blanqueado capitales en el paraíso fiscal de Liechtenstein, entre los que se encuentra el cantante Alejandro Sanz o el padre del líder de CiU Artur Más. Entre todos ocultaron 170 millones de euros, de los que Hacienda dejó de ingresar en concepto de impuestos unos 73 millones entre 2002 y 2006.
De momento el juez no ha imputado a nadie por estas actividades, si bien espera un informe de la Agencia Tributaria para conocer la actual situación fiscal de los investigados por si ya hubieran saldado su deuda con el fisco.
La denuncia partió de la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado 15 de julio recibiera la susodicha lista con los nombres de sociedades y particulares que tenían a su nombre cuentas en el pequeño país centroeuropeo de Liechtenstein.
Ese mismo día el juez dio orden de registrar las sedes de varias empresas y también de domicilios particulares en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Marbella por su presunta implicación en el blanqueo de capitales.
La operación partió de un confidente del banco LTG, propiedad de la misma familia real que gobierna el principado, que le entregó un dvd al Gobierno alemán previo pago de cinco millones de euros y que incluía los nombres de cientos de europeos que ocultaban importantes sumas de dinero en el paraíso fiscal.
Evasión en Alemania
Sólo en Alemania se estima que un millar de posibles evasores defraudaron unos 4.000 millones.
El titular del Juzgado Central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional levantó ahora el secreto de la causa y mantiene abiertos 35 sumarios de diligencias previas distintas por estos supuestos desvíos.
Fuentes de la investigación advirtieron que no todos los casos investigados son iguales, ya que para que la Fiscalía acabe denunciando a los evasores depende de dos factores: la cuantía -”si supera los 120.000 euros anuales-” y si se aprecia dolo o mala fe en las actuaciones, un concepto algo etéreo, según señalan las mismas fuentes.