La Audiencia Nacional investiga si las FARC adiestraron a etarras en la selva

madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto un sumario para investigar la colaboración entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante los últimos quince años. El magistrado, que se declara competente para indagar sobre estos hechos tal y como le había reclamado la Fiscalía el pasado noviembre, ha pedido informes a los servicios antiterroristas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil sobre las reuniones en las que se fraguó esa ayuda mutua, los entrenamientos conjuntos de terroristas en la selva amazónica y los planes de las FARC de atentar contra autoridades colombianas en Madrid con la ayuda de etarras.

Velasco, que ha declarado secreta la investigación, cree que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos porque se trata de delitos -”pertenencia o colaboración a banda armada y conspiración para cometer asesinato terrorista-” que habrían cometido españoles en el extranjero. Las pesquisas se extenderán desde 1993 hasta 2007, el período en el que, según el Ministerio Público, hubo contactos entre ambas organizaciones terroristas.

El magistrado ha pedido a las fuerzas de Seguridad que confirmen en primer lugar la participación de, al menos, ocho etarras en cursillos terroristas y en reuniones de coordinación en las selvas colombianas. Se trata de Iñaki Domínguez Atxalandaburo y un etarra conocido como Martín Capa, que habrían sido profesores en cursos de explosivos; José Ignacio Etxarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán, que habrían recibido clases sobre manejo de bombas; y otros tres activistas vascos apodados Enrique, Ángel y Teo, que también pasaron por los campamentos de adiestramiento de las FARC.

Según la Fiscalía, estos cursos, que duraron 20 días, fueron impartidos por los etarras en agosto del pasado año y en ellos se dieron «sesiones teóricas y prácticas sobre el manejo del explosivo C-4», similar al utilizado para volar la T-4, y sobre la utilización de «teléfonos móviles como mecanismos de iniciación de cargas explosivas». Incluso se habló de la posibilidad de hacer adiestramientos conjuntos «sobre el manejo de misiles tierra-aire». En esas clases aceleradas también hubo activistas del Frente de Liberación Bolivariana (FLB).

Estos cursillos mixtos, según el fiscal, no habían sido los primeros porque en a principios y verano de 2003 cuatro etarras viajaron a dos campamentos donde recibieron formación para manejar explosivos. Fue entonces cuando se «decidió el establecimiento de relaciones oficiales entre ambas organizaciones y el intercambio sobre procedimientos terroristas». Esos encuentros de 2003 son claves para el Ministerio Público. En estas reuniones, sostiene el fiscal, se fraguó la supuesta colaboración entre ETA y las FARC para intentar cometer un atentado en España contra un alto cargo colombiano en visita oficial.