El PP exige al Gobierno que los 43 ayuntamientos no reciban dinero del fondo de 8.000 millones
Los empresarios reclaman que se desaloje a ANV de las alcaldías
El presidente de la Ceoe recuerda que el Supremo consideró al partido un mero instrumento de ETA
madrid
La cúpula de los empresarios españoles, un día después del asesinato por ETA del industrial Ignacio Uría, reclamó a los partidos políticos que desalojen de inmediato a Acción Nacionalista Vasca (ANV) de las 43 alcaldías que ocupa en el País Vasco y Navarra. El presidente de la patronal Ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, aprovechó ayer su asistencia a la cumbre unitaria contra ETA celebrada en el Congreso de los Diputados para tomar la palabra y pedir a los grupos parlamentarios y al Gobierno que utilicen todos los instrumentos políticos y legales a su alcance para excluir de los gobiernos municipales al partido ilegalizado en septiembre pasado por el Tribunal Supremo, que lo consideró un mero «instrumento» de la banda terrorista.
La petición de la CEOE coincidió con una reclamación idéntica patrocinada por el PP, que hoy informó al Gobierno de que ha registrado en el Congreso y el Senado una petición para que el Ejecutivo disuelva de inmediato todas las corporaciones gobernadas por ANV, por considerar que son «representantes políticos de ETA». Lo hizo apenas horas después de que el alcalde y los concejales de la formación proscrita en Azpeitia (Guipúzcoa) rechazasen condenar el asesinato de su vecino.
Los populares quieren que el Congreso inste al Gobierno a aplicar a las alcaldías de ANV el mismo procedimiento que permitió disolver en 2006 el corrupto ayuntamiento de Marbella (Málaga). El PP considera que el Ejecutivo tiene elementos suficientes para recurrir al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prevé disolver las corporaciones «cuya gestión resulte gravemente dañina para los intereses generales», en especial cuando «den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen».
La proposición no de ley popular indica que el Gobierno debe aplicar este artículo de acuerdo con la sentencia de ilegalización del Supremo y la negativa reiterada de todos los municipios gobernados por ANV a condenar los asesinatos de ETA, entre los que citó de forma especial el de Uría y el del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco, tiroteado a bocajarro ante su casa en marzo.