Confía en lograr el respaldo del PP y de los nacionalistas por ser un derecho constitucional
El Gobierno garantiza que la nueva ley religiosa no irá contra la Iglesia
De la Vega defiende que hay que actualizar una norma de 1980 a una sociedad distinta
La vicepresidenta Fernández de la Vega presidió el Consejo de Ministros
madrid
El Ejecutivo defiende la reforma de la ley de libertad religiosa, aprobada hace treinta años, para adecuarla a la realidad actual. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta garantizaron que esta modificación legal «no va contra nadie» ni contra la Iglesia Católica ni contra ninguna otra creencia. Se trata, sin más, de actualizar unas disposiciones legales aprobadas en 1980, cuando la sociedad era muy diferente a la actual, explicó María Teresa Fernández de la Vega.
La portavoz gubernamental mostró su «sorpresa» por las críticas a una reforma que aún no se ha producido y de la que ni siquiera hay un borrador. Los cálculos gubernamentales son tener un anteproyecto para el próximo verano. El Ejecutivo piensa consultar los distintos apartados con los sectores involucrados y con los grupos parlamentarios a fin de contar, según Fernández de la Vega, «con el mayor consenso posible» y que no sea una reforma problemática con protestas callejeras.
La vicepresidenta justificó los cambios por «la pluralidad social» existente 28 años después de aprobada la ley ya que hay «nuevos colectivos de ciudadanos» a los que se debe respetar su confesión religiosa. Se refería, entre otros, a los amplios contingentes de inmigrantes musulmanes del norte de África y países asiáticos, los latinoamericanos que profesan creencias protestantes o la creciente colonia judía. Recordó asimismo la doctrina del Tribunal Constitucional que recomienda atender «el pluralismo religioso» para que ninguna confesión tenga un tratamiento discriminatorio respeto a otra. Defendió, además, que se incluya la reforma dentro del Plan de Derechos Humanos aprobado ayer por el Consejo de Ministros porque el derecho a la libertad religiosa está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española. Esta reforma legal forma parte del Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno que detalla 172 medidas para extender el respeto a estos derechos tanto en el ámbito nacional como internacional.
Aunque Fernández de la Vega abogó por pactar la modificación legal con un consenso amplio, el jefe del Ejecutivo no puso las cosas fáciles desde Bruselas, donde asistió al Consejo Europeo.
José Luis Rodríguez Zapatero consideró que el PP es «muy conservador», una fuerza de las que «no quiere que nada cambie, nada se mueva». Y aunque no dio por descartado su apoyo, consideró que será difícil porque el partido opositor se muestre conforme con la reforma. El presidente del Gobierno señaló que la ley en vigor es «mejorable», y nadie debe esperar una ofensiva «laicista» por parte de los socialistas, un concepto, dijo, que no se comprende bien.
Laicismo, explicó, es una «idea democrática» ya que reconoce que todas las opciones religiosas son iguales y el Estado debe ser neutral en sus relaciones con ellas, sin preferencias por ninguna.
Rodríguez Zapatero precisó, de todos modos, que la Iglesia Católica no tiene por qué albergar ningún temor por la reforma ya que la Constitución establece que tendrá una relación «muy favorable» con el Estado, mejor que en ningún país de la Unión Europea.