Las asociaciones judiciales se opondrán a cualquier sanción por las juntas del «paro» encubierto
efe | madrid
La asociaciones judiciales lamentan que el CGPJ haya pedido información a los jueces decanos sobre las suspensiones de vistas que hubieran podido provocar las juntas de jueces celebradas los pasados 21 de octubre y 21 de noviembre y advierten de que se opondrán a cualquier medida disciplinaria.
El pasado 2 de diciembre la Comisión Permanente del CGPJ decidió pedir a los presidentes de los tribunales superiores de justicia que informaran por escrito y de forma urgente sobre si dichas juntas de jueces causaron suspensiones de juicios. En las juntas de noviembre celebradas en toda España los jueces acordaron volver a reunirse el próximo 21 de enero para decidir si van a la huelga, mientras que algunas -”como las de Murcia o Extremadura-” aprobaron directamente la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero. Las principales asociaciones judiciales lamentan en un comunicado que el CGPJ haya pedido información sobre esas reuniones y consideran «inadmisible» que esa petición, de la que no existen precedentes, «obedezca a dar por supuesto que los asistentes a las juntas, legalmente convocadas, incumplieron sus deberes constitucionales».
Nueva administración
Por otra parte, la nueva administración de Justicia que tiene previsto ver la luz en un año requerirá la modificación de 15 leyes procesales. Un lavado de cara necesario para implantar la nueva Oficina Judicial, elemento clave para reordenar el reparto de trabajo de los Juzgados y cuyos principales beneficiados serán precisamente los jueces, que verán como una de sus eternas reivindicaciones, la excesiva carga laboral, se reducirá en favor de los secretarios judiciales, sobre todo en lo referente a las tareas burocráticas. Para conseguir estos objetivos, la presente reforma que ayer pasó el tamiz del Consejo de Ministros para su remisión al Congreso modificará 15 normas, entre ellas las leyes de Enjuiciamiento Civil, Criminal, Hipotecaria, de Asistencia Jurídica Gratuita, Contratación, Concursal o de Arbitraje.
Los casi 4.000 secretarios judiciales tendrán ahora la autoridad, por ejemplo, de comprobar si los escritos iniciadores de los procedimientos cumplen los requisitos formales exigidos antes de que el juez se pronuncie sobre su admisión. Además, trabajarán de forma más especializada y en unidades de apoyo a jueces y magistrados.