Zapatero irrita a las autonomías a las que se aparta en la financiación

colpisa | madrid

Las reuniones «discretas» de este sábado entre José Luis Rodríguez Zapatero y los presidentes de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, han agitado el patio territorial. Lo que surgió como un intento del presidente del Gobierno de aplacar los ánimos de las fuerzas políticas catalanas y evitar un polvorín en torno al debate de la financiación puso en pie de guerra a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, e incluso obligó a reaccionar a varios gobernantes socialistas. El Ejecutivo defiende que los encuentros bilaterales no impiden un acuerdo multilateral, pero el primer partido de la oposición le acusa de querer cerrar «de espaldas al resto de los españoles» un sistema que afecta a todos.

Ni el encuentro con Montilla sirvió para firmar todavía el «acuerdo político» con el que el Gobierno aspiraba a encarrilar las negociaciones ni la inclusión de Chaves valió para que las comunidades menos ricas interpretaran que también se las estaba teniendo en cuenta. La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, se mostró implacable. «No es de recibo que dos socialistas se sienten a estudiar la financiación autonómica -dijo durante un acto de su partido en Ávila-, cuando es un tema que afecta a todas las comunidades autónomas». En la misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, interpretó que el Ejecutivo aspira a alcanzar una «solución rápida» con Cataluña y Andalucía para imponerla «a capón» al resto.

Estrategia

La llamada de Zapatero a sus dos barones obedece, en realidad, a una cuestión estratégica. Fue Cataluña quien abrió la espita de la negociación de un nuevo sistema durante el debate del Estatut.

Al carro se sumaron luego el resto de comunidades, pero es la que preside Montilla la que fija 2008 como fecha tope para cambiar el modelo de 2002. Y es su presidente el que se enfrenta a un problema de estabilidad política si el pacto no llega antes de que acabe el año. La urgencia de los demás obedece a razones casi exclusivamente económicas.

Entre los más interesados en modificar el modelo están, además de Cataluña, dos comunidades del PP que también se han resentido de las deficiencias del sistema vigente, Madrid y la Comunidad Valenciana, así como Baleares, gobernada por los socialistas. Las cuatro han experimentado un importante aumento de población y han asumido costes derivados de la inmigración que no se han visto compensados. Pero, al margen de las coincidencias de criterio con su homólogo catalán, el presiente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, fue uno de los críticos con el encuentro de La Moncloa.

Ronda autonómica

El gobernante «popular» reclamó a Zapatero que abra una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos e instó a un encuentro sobre financiación entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy. «Este asunto no se puede despachar con reuniones bilaterales y sin la transparencia que requiere», señaló. El jefe del Ejecutivo no está cerrado a mantener conversaciones con cada uno de los dirigentes regionales, aunque desde La Moncloa se apunta más bien a conversaciones telefónicas.

Los socialistas también hicieron oír su voz después de las reuniones. El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, pretende reunirse en los próximos días con el presidente del Gobierno para hacer valer la necesidad de que en el nuevo sistema se tenga en cuenta la dispersión de la población y su grado de envejecimiento. Y el extremeño, Guillermo Fernández Vara, avisó de que a Extremadura «no la representa nadie que no sea su presidente», en alusión a las pretensiones de Andalucía de convertirse en garante de un acuerdo satisfactorio «a quince». Con todo, admitió que además de reuniones multilaterales se intenten limar asperezas en reuniones a dos.