Zapatero busca cerrar un acuerdo de mínimos sobre financiación

madrid

José Luis Rodríguez Zapatero dará audiencia a todos los presidentes autonómicos para intentar cerrar un acuerdo de mínimos sobre financiación antes del 31 de diciembre. Intentará así evitar que el malestar generado en el resto de comunidades por su encuentro del sábado con José Montilla y Manuel Chaves acabe convertido en una auténtica revuelta política. El Gobierno asume ya que el nuevo modelo no podrá estar listo para esta fecha, pero aspira a alcanzar al menos el consenso en torno a una serie de principios básicos que ya han sido negociados por los equipos de la vicepresidencia segunda y las consejerías de Economía de cada comunidad. La hazaña le costará más de lo que había previsto. Su afán inicial de serenar los ánimos en Cataluña ha avivado un fuego con tantos frentes como autonomías. Y ahora tendrá que atajarlos uno a uno.

Lo paradójico es que ni siquiera está claro que la entrevista con el presidente de la Generalitat sirviera para dar un impulso definitivo a una negociación que lleva más de seis meses en lo que parece un círculo vicioso. El Gobierno se muestra satisfecho y asegura que, aunque persistan discrepancias técnicas, hay motivos para el optimismo. La parte catalana, en cambio, es menos entusiasta y permanece alerta ante lo que percibe como maniobras gubernamentales para forzar su «sí». En cualquier caso, la cita con Montilla no ha logrado aplacar las críticas de los nacionalistas de CiU en la oposición ante el incumplimiento de los plazos fijados en el Estatut y tampoco ha tranquilizado a los socios del tripartito, ERC e ICV.

Repaso a las cuentas

Ahora, el equipo de Pedro Solbes, con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, a la cabeza, tendrá que volver a los números con los hombres del consejero Antoni Castells mientras el jefe del Ejecutivo despliega sus dotes políticas con los demás presidentes. El mismo sábado lo hizo ya con el andaluz Manuel Chaves esperanzado en que el resto de autonomías lo interpretaran como una garantía de que no se les iba a dejar de lado.

Pero de poco sirvió. Las protestas por el encuentro de La Moncloa llovieron de propios y ajenos y Zapatero decidió ampliar las consultas. El domingo llamó por teléfono al presidente popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Ayer recibió a la madrileña Esperanza Aguirre. Y hoy hará lo propio con presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y con el extremeño Guillermo Fernández Vara, uno de los socialistas que menos conforme se mostró con la distinción de trato a Cataluña y Andalucía. Así, hasta que se vaya a Doñana el día 26.

Herrera no aclaró en qué consiste la propuesta del Gobierno pero, pese a la llamada, apenas rebajó el tono de sus críticas hacia el modo en el que Zapatero está tratando el asunto y le reprochó que mantuviera reuniones bilaterales con presidentes que, dijo, creen que ha llegado el momento de que las comunidades con más dificultades económicas «empiecen a volar solas». En principio, el objetivo del Ejecutivo es lograr que el nuevo sistema conceda el mismo nivel de recursos por habitante. Así formulado, casa con los planteamientos de Cataluña, Madrid, Valencia o Baleares -cuatro comunidades con problemáticas similares- pero aún queda por concretar cómo se calcula el fondo de nivelación y qué servicios financia.

Respeto a singularidades

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, hizo hincapié ayer durante la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de su partido -presidida por Zapatero- en tres cuestiones: educación, sanidad y atención a la dependencia. Y aseguró que, además del criterio de población, se tendrán en cuenta factores como la dispersión, el envejecimiento (que eleva el gasto sanitario) o el porcentaje de habitantes en edad escolar. En todo caso, defendió que es perfectamente legítimo que el Gobierno busque un modelo constitucional pero que también atienda a las «singularidades» que los Estatutos de autonomía reformados en la legislatura pasada contemplan para sus territorios.

Blanco respondió además a las críticas del principal partido de la oposición sobre el trato privilegiado a Montilla y Chaves con un repaso a la negociación del sistema en 1996, cuando José María Aznar pactó la reforma a cambio del apoyo de CiU a su investidura «hablando catalán en la intimidad».