El caso Tirado rompe el idilio del Gobierno con la magistratura

madrid

Se recrudece el enfrentamiento entre la judicatura y el Gobierno, y ahora son las asociaciones de jueces las que se han puesto a la cabeza del bando judicial. El fuego verbal de los últimos días por el caso Tirado ha dinamitado el idilio que mantenían con el Ejecutivo desde que se nombró el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en donde todos los vocales que ejercen como magistrados son miembros de las tres organizaciones con más afiliados: la conservadora Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y la moderada Francisco de Vitoria.

La mecha la encendió el diputado socialista Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia, tras conocer que el consejo mantenía, por mayoría de catorce votos a siete, la multa económica de 1.500 al magistrado sevillano. «Una parte (los jueces) ha dado una imagen penosa de debilidad y corporativismo, han defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido y demuestran que están más asustados por la amenaza de huelga de un sector de la judicatura que por la imagen de la Justicia», se explayó Cuesta. Ningún miembro del Grupo Socialista ni del Gobierno le corrigió.

El Ejecutivo anunció por sorpresa la reforma del régimen disciplinario del Poder Judicial para que «no se vuelvan a dar más casos» como el de Tirado y, el pasado viernes, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero insistió en que se «estudiarán todos los caminos legales posibles» para atacar la decisión del Consejo, al que desde el PSOE ven ya como un «rehén de las asociaciones judiciales».

Pese a los paños fríos de la vocal portavoz del órgano judicial, Gabriela Bravo, que pidió «respetar» las decisiones del poder legislativo para «reconducir» la situación de desconfianza generalizada, las asociaciones de jueces han salido en tromba para defender su independencia y pedir menos «palabrería» y más hechos al Ejecutivo, con el objeto de que ponga al día la reforma de la administración de Justicia.

«El juego del ministro Bermejo es comparable al de un futbolista de regional. Le gusta coger la pelota y mandarla al cuarto anfiteatro. Que deje de hacer demagogia y populismo, de lanzar cortinas de humo y esconder sus responsabilidades, y que explique de una vez las dificultades con las que trabajamos», clama el magistrado Antonio García, portavoz de la mayoritaria APM, con unos 1.200 afiliados, entre ellos el juez Rafael Tirado.

A Jueces para la Democracia, que cuenta con cinco afiliados en el Poder Judicial, le ha causado sorpresa la acusación al CGPJ de ser «rehén de las asociaciones» cuando «no tenemos fuerza para imponer nuestros criterios» dentro de la Justicia, aseguró Miguel Ángel Gimeno.

El magistrado sostiene que el Gobierno digiere mal la resolución del caso Tirado porque hizo una «apuesta importante» pidiendo públicamente su suspensión. «Es el propio Ejecutivo el que ha acabado siendo rehén de sus palabras y de sus hechos en el caso Mari Luz», añadió en la misma línea Lorenzo del Río, de la moderada Francisco de Victoria.

«A golpe de acontecimiento»

Del Río cree que el Gobierno se equivoca en la puesta en escena de la reforma del régimen disciplinario, ya que exige mayoría en el Parlamento y, por lo tanto, un amplio consenso, por lo que las decisiones «a golpe de acontecimiento» no son la mejor manera de cicatrizar la herida abierta en la judicatura, que podría acabar en una huelga laboral si prosperan las convocatoria de Murcia y Extremadura para el próximo 18 de febrero, a las que podrían unirse otros territorios que celebran juntas de jueces en enero. Gimeno, de Jueces para la Democracia, propone «ir al grano» con la modernización de la Justicia y no caer en «debates estériles» como el caso Tirado, que está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo. Para ello exige a la clase política que, en su potestad para legislar, «deje de buscar culpables e ir a lo fácil» y se comprometa en solucionar sus demandas.