Las víctimas de violencia machista con renta de inserción aumentan un 60%

león

Un total de 228 mujeres víctimas de violencia machista tienen como principal medio de subsitencia la renta de activa de inserción, una prestación del Inem cuya cuantía asciende a 413,52 euros mensuales a la que también tienen derecho otros colectivos de personas en paro con especiales dificultades para encontrar trabajo.

La cifra de mujeres que recibe esta prestación del Gobierno ha aumentado un 60 por ciento en tres años, lo que supone, por un lado, un indicador de que las víctimas «pierden el miedo y vecen las resistencias» a denunciar y acudir a los recursos públicos establecidos.

En el 2006 se aprobaron 142 expedientes de renta activa de inserción para mujeres víctimas de violencia de género y en el 2007 ascendieron a 228. Lo que más aumenta es el número de mujeres que reanudan la prestación, que se puede cobrar durante once meses al año como máximo. Hace dos años, sólo 22 mujeres repetían en el cobro de esta prestación, mientras que el año pasado ascendieron a 62 y en lo que va de año ya son 73 los expedientes aprobados para reanudar el cobro de la prestación, que va unida a la participación en políticas activas de empleo para la inserción laboral.

Otro factor que influye en el incremento de estas ayudas de inserción laboral son las dificultades para acceder al empleo que encuentran las mujeres y particularmente las víctimas de violencia de género.

Uno de los obstáculos principales que encuentran para acceder a un puesto de trabajo es la conciliación de la vida familiar y laboral. «La mayoría de los trabajos que se ofertan para las mujeres están en el sector de la hostelería y el servicio doméstico y en la hostelería cuando más trabajo hay es en fines de semana y en vacaciones, cuando los hijos están en casa», señala Cristina Prieto, coordinadora del centro de día de Isadora Duncan.

La falta de formación y las pocas posibilidades de movilidad de las mujeres son otros de los factores que dificultan la empleabilidad de las víctimas de violencia, según valora el personal técnico del servicio de empleo.

De hecho, la contratación de mujeres víctimas de violencia machista a través del plan Dike ha disminuido en los últimos tres años paulatinamente. De los 26 contratos registrados en el 2006 en este programa en la provincia de León se ha pasado a diez el año pasado y sólo cuatro en el 2008. El número de solicitudes de mujeres que quieren acceder a este contrato ha aumentado en este tiempo pasando de 33 en el 2007 a 46 en lo que va de año.

Las que más han sufrido el recorte en la contratación son las extranjeras. Si el año pasado se hicieron el mismo número de contratos para españolas y para inmigrantes víctimas de violencia machista -”5 y 5-” en lo que va de año los cuatro contratos formalizados, uno temporal y tres indefinidos, fueron para españolas.

Condición de víctima

Para acceder a la renta activa de inserción las mujeres tienen que acreditar su condición de víctimas, mediante una orden de protección judicial, un informe del Ministerio Fiscal, la sentencia condenatoria o la certificación de los servicios sociales de la Administración.

Entre los requisitos económicos, hay que acreditar que los ingresos disponibles no superan los 450 euros mensuales. Los servicios públicos de empleo tienen la obligación de custodiar los datos personales de las víctimas de violencia machista con especial cautela, incluso manteniendo la reserva de su domicilio.

La renta activa de inserción está dirigida tanto a víctimas de violencia de género como de violencia doméstica, que incluye a los varones que sufren la violencia por su cónyuge, ex cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, aunque no hubieran convivido.

Dejar el trabajo

Otras vías de apoyo de los servicios públicos de empleo a las mujeres víctimas de violencia están dirigidas a aquellas que están trabajando. En este caso, pueden solicitar la suspensión temporal de su relación laboral con reserva del puesto de trabajo, por un máximo de seis meses y con posibilidad de prórroga hasta año y medio.

Esta circunstancia, ante la que también es necesario acreditar la condición de víctima, es equiparable a la situación de desempleo voluntario. Por tanto, las mujeres que optan por acogerse a este derecho cobran la prestación del paro y el tiempo durante el que mantienen el contrato en suspensión se considera como período de cotización efectiva para las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo.

Las empleadas públicas que sufren violencia de género tienen derecho a solicitar una excedencia por un período de seis meses, prorrogable hasta un máximo de año y medio. Durante los dos primeros meses tienen derecho a percibir las retribuciones íntegras y en su caso las prestaciones por hijos o hijas a cargo. Para solicitar la excedencia no es necesario que cumplan un tiempo mínimo de servicios, siempre que acrediten la situación de violencia.