La Comunidad de Madrid «jamás» ordenó o supo nada del espionaje

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Ni un rayo de luz fue capaz de arrojar el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, sobre la supuesta trama de espionaje vinculada con su departamento. El también secretario general de los populares madrileños compareció este viernes ante la Asamblea regional para tratar de encarrilar las informaciones que le sitúan en el centro de una turbia red de seguimientos a cargos políticos de su propia formación. Pero en la hora escasa que duró su intervención no ofreció dato alguno para desvincularse de los hechos que están siendo objeto de investigación judicial, tan sólo su palabra de que «jamás» ordenó, amparó ni conoció casos como los relatados ni creó un servicio de espías. Que se controlaran los movimientos de alguien «dentro de sus competencias» es, según su testimonio, otra cosa.

El responsable de la Seguridad madrileña dio por hecho que una de las labores de los técnicos y asesores que dependen de su departamento es «vigilar» edificios, bienes y también «personas» de la Comunidad, pero consciente de la carga que conlleva el verbo, lanzó balones fuera hacia el principal rival político de Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, a quien atribuyó el convenio laboral en el que se les adjudican tales competencias. De este modo se escudó en que tanto las funciones como la estructura del equipo bajo sospecha fueron una creación del socialista Joaquín Leguina que «impulsó y potenció extraordinariamente» el hoy alcalde de Madrid cuando ocupaba la presidencia autonómica.

«En la actualidad -”se escudó-” este grupo realiza exactamente las mismas funciones que venía realizando en anteriores legislaturas».

Con este requiebro trató de defender la trasparencia de las actuaciones de su cuerpo de Interior. Una legalidad que únicamente fundamentó en la investigación «reservada» de la secretaría general técnica de su departamento después de que El País publicara lo que llamó la «gran mentira» sobre las ocupaciones de su asesor y supuesto jefe del servicio de espionaje, Marcos Peña. Amparado en ese carácter reservado no ofreció detalle alguno de esas pesquisas que, aún así, pretendió sirvieran para zanjar cualquiera de las dudas planteadas por los diputados de la oposición, la socialista Encarnación Noya y la portavoz de IU, Inés Sabanés. Una vez fuera de la comisión parlamentaria, a preguntas de los periodistas, dio pistas sin embargo de la escasa profundidad de la indagación.

Granados aseguró que tras tomar testimonio a altos cargos, asesores y personal eventual sobre las informaciones publicadas «ninguno de ellos ha afirmado conocer ni haber ordenado ni haber participado ni haber tenido noticias en estos asuntos». Con todo, eludió poner la mano en el fuego por todos los funcionarios que dependen de su consejería con el argumento de que la Comunidad es muy grande y él sólo ha hablado «con los que ha hablado». No dijo quienes ni cuántos fueron interrogados pero sí que en la lista estaban aquellos mencionados en las crónicas periodísticas, como el propio Marcos Peña, de quien trató de distanciarse al asegurar que no tiene trato directo con él. «Yo despacho con los viceconsejeros y la secretaria general técnica», subrayó.