El CGPJ da por no convocado el paro del día 18 al considerar que no existe base legal
El Poder Judicial rechaza que los jueces tengan derecho a hacer una huelga
Las dos asociaciones promotoras de las movilizaciones mantienen «en principio» la protesta
El Consejo del Poder Judicial se reunió en un pleno extraordinario para analizar la convocatoria de
efe | madrid
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entiende que no hay «cobertura legal» para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, por lo que ha dado por no anunciada la convocatoria de paro para el próximo día 18 y se ha negado a fijar servicios mínimos.
En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ ha rechazado las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
«El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio», ha dicho Bravo.
El acuerdo establece que para el CGPJ «no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho a huelga de los jueces» y, en consecuencia, entiende «no tener por anunciada la convocatoria de huelga».
Por tanto, ha añadido Bravo, tampoco procede la fijación de servicios mínimos, ni han considerado los fijados por las asambleas de jueces y magistrados, ya que no tienen «competencia alguna ni base legal» para establecerlos.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha recalcado que la convocatoria de huelga «no tiene efectos jurídicos» y ha añadido: «El 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en su puestos de trabajo».
Preguntada por la posibilidad de que el CGPJ sancione a los jueces que secunden el paro convocado para la próxima semana, Bravo ha señalado que después de esa fecha, «si consta alguna denuncia», se estudiará y valorará el caso concreto y se adoptaran las medidas que se estimen oportunas.
El pronunciamiento unánime del CGPJ en contra del derecho de huelga de los jueces contrasta con el informe elaborado la semana pasada por el secretario general de este órgano, Celso Rodríguez, que concluía que, ante la ausencia de una norma legal, correspondía al Tribunal Constitucional evaluar si la carrera judicial puede ejercer o no ese derecho.
El informe, encargado por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, para ser analizado en el pleno extraordinario de ayer, aludía a los problemas «de toda índole» que provoca la «deficiente regulación normativa» sobre el asunto, ya que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén dentro de las competencias del Consejo la regulación o el control de este derecho fundamental.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) anunciaron ayer que mantienen «en principio» la convocatoria de huelga.
Así lo han anunciado los portavoces de estas dos asociaciones, Marcelino Sexmero, de la AJFV, y Conrado Gallardo, del FJI.
Sexmero ha dicho que la postura «intermedia» del CGPJ era «la esperada», sin cuestionar el derecho de los jueces al derecho a la huelga y sin fijar los servicios mínimos.
Para este portavoz, lo que ha hecho el Consejo es «pasar la pelota» a las asociaciones, ya que ahora son ellas las que tienen que decidir si recurren esa decisión al Tribunal Supremo y llegado el caso, al Constitucional.