El 55% de las ayudas a la dependencia son económicas por falta de red pública

La falta de una red de servicios públicos asistenciales en la provincia de León son la principal causa de que las ayudas a la dependencia reconocidas hasta ahora estén ligadas en un 55 por ciento de los casos a la percepción de prestaciones económicas, bien para la adquisición del servicio en el ámbito privado o para compensar al cuidador familiar.

Los cuidados en la familia de las personas con dependencia son la prestación más numerosa en León, donde hay reconocidos ya 973 casos, según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Por detrás, con 962 expedientes aprobados están las personas que han elegido la atención residencial.

En tercer lugar, con 741 casos, se encuentra la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio, en los casos en los que la administración pública no puede ofrecer un servicio público o concertado aunque la persona beneficiaria lo demande, como puede ser residencia, centro de día o teleasistencia.

Las dos opciones que suponen una contraprestación económica directa a las familias suman un total de 1.714 casos de las 3.078 personas que tienen reconocida una prestación por ser grandes dependientes o dependientes severos, que son los grados 3 y 2 de la Ley de Dependencia con derecho a prestación durante el 2009.

«La gente se inclina más por la prestación económica si el sistema no puede garantizar una plaza pública para cubrir el coste de un servicio privado y por los cuidados en el entorno familiar», reconoce el gerente de Servicios Sociales de León, Carlos Miller.

Para cubrir este déficit, la Junta de Castilla y León tiene previsto crear hasta el 2015 un total de 3.400 plazas residenciales en la comunidad, de las cuales 1.700 serían de titularidad pública y otras tantas concertadas, si bien todavía no ha desvelado las plazas que corresponderán por cada provincia.

«Como gerente de León tengo la esperanza de que se siga apostando por aumentar el número de plazas residenciales en nuestra provincia, ya que somos una de las más deficitarias con respecto al índice de cobertura recomendado por la Organización Mundial de la Salud», agregó el responsable de la Gerencia de Servicios Sociales.

Pero ni siquiera la totalidad de las personas que han optado por los cuidados en el entorno familiar y tienen reconocida la prestación están percibiendo las ayudas. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en León hay dadas de alta en el régimen de cuidados no profesionales un total de 234 personas cotizantes y otras dos voluntarias (personas que ya no tienen obligación de cotizar, pero tienen derecho a la ayuda).

Son el 24 por ciento del total de las personas que tienen reconocida la prestación. Es decir, sólo una de cada cuatro son beneficiarias reales de la Ley de la Dependencia, aunque todas ellas cobrarán la ayuda correspondiente con carácter retroactivo, como aclara la administración.

La Junta reconoce que el período que transcurre entre el reconocimiento de la prestación y el cobro efectivo se sitúa en un año, cuando la ley prevé que no sea superior a seis meses. El rodaje de este nuevo derecho universal y el ajuste de todos los mecanismos burocráticos para hacerlo efectivo son las causas que esgrime la administración autonómica.

Preguntas sin respuesta

Esta situación ha dado pie a numerosas iniciativas parlamentarias por parte de la oposición socialista en las Cortes de Castilla y León. «Hemos presentado 160 iniciativas sobre la ley de la Dependencia», subraya el procurador Jorge Félix Alonso, que denuncia un «doble lenguaje» de la Junta al hacer las estadísticas de la Ley de la Dependencia.

«No puede decir que hay 3.078 personas que ya han recibido la prestación en León cuando en el caso de los cuidados familiares vemos que hay una gran diferencia entre los datos que ofrece la Junta sobre beneficiarios y los cotizantes reales registrados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social», subraya.

Desde el PSOE se indica que una vez que «una persona es valorada y declarada la situación de dependencia el Gobierno de España transfiere el dinero que corresponde a la comunidad autónoma para que sea derivado al interesado».

El Gobierno central aprobó un decreto a primeros de febrero para «agilizar los trámites y mejorar la comunicación entre las administraciones afectadas, y que las personas beneficiarias vean funcionar esta ley de manera más eficaz», señala una nota del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.