Los promotores implicados en la trama presuntamente pagaron a los cargos públicos
La Junta impugnó en 2004 casi veinte licencias del gobierno de Alcaucín
En libertad uno de los detenidos en la operación contra la corrupción en el pueblo malagueño
El jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora
málaga
Uno de los trece detenidos en la operación Arcos contra una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín quedó en libertad tras ser interrogado por la Guardia Civil. Se trata de la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial.
El alcalde del municipio, José Manuel Martín Alba, junto al resto de arrestados, está a la espera de pasar a disposición judicial, algo que no ocurrirá, según fuentes de la investigación, hasta el próximo lunes. Martín Alba fue trasladado durante la noche del pasado viernes a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, tras concluir el registro efectuado en el Ayuntamiento y en su domicilio. El alcalde salió del edificio consistorial arropado por numerosos vecinos que lanzaron gritos de ánimo y apoyo. Mientras tanto se ha decretado el secreto del sumario, aunque la investigación se centra en la concesión de licencias en cuatro promociones de viviendas y decenas de casas aisladas en suelo rústico. Ese fue el punto de partida. La segunda parte fue la investigación patrimonial y los pinchazos telefónicos, que dieron cuerpo a las imputaciones.
Según la Guardia Civil, los promotores implicados en la trama presuntamente pagaron compensaciones en «dinero y en especie» a los cargos públicos implicados, mientras que los cargos públicos no sólo hacían la vista gorda, sino que además «encubrían e incluso impulsaban» los presuntos desmanes urbanísticos en la localidad de Alcaucín.
El municipio de Alcaucín ha estado perseguido durante mucho tiempo por la sombra de la sospecha urbanística. Ya en el año 2004, la Junta de Andalucía impugnó 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, dio a conocer que entre 2003 y 2006 se tramitaron cerca de 800 denuncias en toda la comarca de la Axarquía y el gobierno andaluz interpuso 85 recursos contencioso-administrativos para impugnar licencias concedidas irregularmente.
En 2006 se creó la Dirección General de Inspección Urbanística.
En los años anteriores, concretamente entre el 2002 y 2005, en el municipio se produjo un crecimiento poblacional del 60 por ciento, «ligado a la proliferación de construcciones ilegales».
Por su parte, El Partido Popular de Andalucía va a pedir que se convoque un pleno extraordinario en el Parlamento para debatir sobre la «desastrosa» ordenación urbanística ante los últimos casos de corrupción. El presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, cree necesario que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, asuma su «responsabilidad política directa» en este asunto, en el que dijo, «se ha mirado para otro lado».