Quince guardias civiles imputados por supuestas torturas a dos etarras

Un juez de San Sebastián ha apreciado que existen indicios de posible comisión de un delito de tortura a los presuntos miembros de ETA Igor Portu y Martín Sarasola, por parte de quince agentes de la Guardia Civil que participaron en su arresto y custodia posterior y, por tanto, ha ordenado que continúen las diligencias del caso.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el juez ha transformado las diligencias previas del caso sobre posibles malos tratos, en procedimiento abreviado para que continúe la causa penal contra los quince guardias civiles a quienes se les imputa un delito de tortura en concurso con otro delito o falta de lesiones a los supuestos terroristas. Entre los imputados se encuentran, el director del operativo policial y el agente custodio en calabozos.

Los supuestos etarras declararon ante el juez de San Sebastián que lleva el caso el pasado mes de junio y se ratificaron en los relatos anteriores en los que detallaron los supuestos malos tratos que recibieron tras ser detenidos el 6 de enero del año pasado en Mondragón (Guipúzcoa).

La madrugada siguiente a su detención, Portu tuvo que ser ingresado en un hospital con una costilla rota, numerosas contusiones, derrame pleural y un importante enfisema subcutáneo que iba desde la región cervical hasta la pelvis, además de numerosos hematomas.

El supuesto etarra declaró al juez de instrucción que no opuso resistencia a su arresto y que fue golpeado por agentes de la Guardia Civil desde que fue capturado hasta que lo llevaron a Lesaka (Navarra) para participar en varios registros.

Días después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que las heridas que presentaba el presunto miembro de ETA eran consecuencia de las maniobras de "sujeción y retención" a las que fue sometido Portu durante su arresto, quien trató de huir de los agentes de la Guardia Civil.

El Ministerio de Interior considera a Portu y a Sarasola como presuntos miembros del comando que atentó el 30 de diciembre de 2006 contra el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas, acción en la que murieron los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y con la que ETA rompió el alto el fuego que mantenía desde el 24 de marzo anterior.