Las consultas en las asesorías de los sindicatos aumentan entre el 45 y el 50% en el primer año de la crisis
En la asesoría jurídica de UGT la crisis se ve caer «como una cascada que arrasa conforme baja: de las grandes empresas constructoras a todas las que dependen de ellas», señala Eugenio Bajo Crémer.
Las cifras cantan: los expedientes abiertos en la asesoría jurídica en el mes de enero de este año suman un 45 por ciento más que los registrados hace un año. Se ha pasado de 133 a 194 en el mismo período. En Comisiones Obreras se ha pasado de 800 consultas en el 2007 a 1.200 en el 2008, lo que significa un aumento del 50%.
Detrás de los números se encuentra el submundo de la litigiosidad laboral. A las empresas en crisis les ha venido como «anillo al dedo» la reforma de la Ley Concursal realizada en el año 2003 por el Gobierno de Aznar y lo que antes se sustanciaba en un expediente de regulación de empleo ahora acaba directamente en un concurso en el Juzgado de lo Mercantil.
Para los trabajadores tiene trascedencia: con el concurso los trabajadores van a tener derecho, como máximo, a veinte días de salario por año trabajado, mientras que con un expediente de regulación de empleo «muy mal se tenía que dar la negociación para no superar los veinte días».
Pero es que el cauce del concurso no permite la negociación, como se exige, al menos por ahora, con el expediente de regulación de empleo. «Con el concurso, lo único que nos queda es personarnos con abogado y procurador para oponernos a que el juez lo apruebe», explica Crémer.
La reforma, realizada con la «buena» intención de aligerar los trámites de las antiguas leyes de suspensión de pagos y quiebra, ha usurpado funciones a la autoridad o la jurisdicción laboral. En la práctica el sistema concursal supone más gastos y espera para los trabajadores.
«La ley concursal es un fiasco porque la única actividad que continúa tras entrar en concurso son los equipos de fútbol, el resto de las empresas están cerrando y es muy perjudicial tanto en agilidad como en costes para los trabajadores», subraya Ignacio Fernández, de Comisiones Obreras.