El Gobierno insiste en su defensa de la actuación del magistrado

madrid

Los emolumentos recibidos por Garzón durante su licencia de estudios en Nueva York han colocado al Gobierno en una situación incómoda. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha contribuido a parapetar al juez de los ataques vertidos por el PP sobre su actuación en el caso Gürtel, derivó ayer hacia el Consejo General del Poder Judicial cualquier juicio acerca del comportamiento del propio magistrado y endosó a este órgano su eventual reprobación.

La actitud de Garzón no despierta excesivas simpatías en las filas socialistas. Fue el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien perdió el cargo por la cacería que ambos compartieron justo cuando se produjo la primera redada en ayuntamientos populares y también las primeras detenciones. Es decir, fue el Ejecutivo el que se resintió de un episodio que el PSOE consideró, como mínimo, inoportuno. Y ahora se ve obligado a volver a quitar hierro a una conducta -”la de aprovechar su excedencia remunerada por el Estado para hacer actividades por las que cobraba de empresas privadas-” que fuentes gubernamentales consideran «de todo punto inmoral».