Un total de 133 leoneses abandonaron la Iglesia católica como condena a sus ideas

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Son como herejes contemporáneos, sólo que a diferencia de ellos no rechazan un dogma concreto sino que censuran la fe cristiana por completo. Junto al cisma y a la herejía, la apostasía es considerada por el catolicismo un pecado extremadamente grave al que describe como una ruptura que lesiona la unidad de la Iglesia, tal y como recoge el Catecismo en el número 817. En León, desde enero del 2008 han iniciado este procedimiento un total de 133 personas, 95 de ellas en la Diócesis de León -"22 solicitudes se tramitaron en la capital aunque corresponden a otros territorios-" y el resto en la de Astorga, según los datos facilitados por ambos obispados.

Las razones de fondo, como cualquiera puede percibir, están relacionadas con la vertiente moral y las connotaciones religiosas sobre muchos asuntos que están de debate en el seno de la sociedad. Es el caso de la llamativa y contundente condena ejercida por una treintena de mujeres leonesas que ejercieron en bloque su derecho a ser excluidas de todos los registros de la Iglesia por el «trato, en ocasiones humillante, que ésta dispensa a la mujer», según explica Herminia Suárez, una de las precursoras de esta iniciativa promovida en los dos últimos años por colectivos feministas de la capital. Además de denunciar el papel «al que está relegada» la mujer dentro del catolicismo, este grupo considera inaceptables los principios de la Iglesia en asuntos como el aborto, el uso del preservativo o la homosexualidad, según los testimonios recogidos entre algunas de las apóstatas.

Apostatar no es otra cosa que solicitar al secretario-canciller -"del término cancellarius o el que tiene las llaves de los archivos-" de cada obispado que suprima los datos personales de todos los registros, puesto que se revoca el consentimiento a que la Iglesia posea dicha información. Es lo que la Ley de Protección de Datos contempla como derecho de cancelación o pertenencia.

En esencia, el denominador común que gravita sobre estos procedimientos es la percepción de que la Iglesia Católica aprovecha la tradición secular de celebrar los nacimientos para incrementar de forma ilegítima su implantación social, además de que considera el bautismo como un sacramento que implica el ingreso de un recién nacido en la comunidad religiosa, lo que provoca que determinados ciudadanos y ciudadanas se encuentren formando parte de una confesión que jamás han escogido y que no se corresponde con sus ideas. Por esta razón, el acto de apostatar se refiere a la eliminación física de los datos personales del solicitante del libro de bautismo, hasta ahora el único medio que reconoce la Iglesia para que una persona bautizada deje de pertenecer a ella de forma voluntaria.

A finales del pasado año, una sentencia del Tribunal Supremo consideró que los libros bautismales no son fichero, sino una mera acumulación de datos, por lo que los defensores del derecho de cancelación entienden que ahora se pierde el derecho ciudadano a ejercer a título individual la libertad de pertenencia en base a la conciencia y convicciones personales. Pero los obispados de León y Astorga han reaccionado ante la decisión del Tribunal y han decidido acatar las peticiones de apostasía que les sigan llegando, como han hecho hasta ahora, según confirmaron en ambas diócesis. Respecto a la posibilidad de que la sentencia del Supremo tuviese carácter retroactivo, ambas diócesis también garantizan que los procedimientos continuarán como están. La clave está en el Código de Derecho Canónico, que no contempla la apostasía como una opción de los fieles porque asume el bautismo como una consecuencia del don de vida por parte de Dios.