Cabrera: «El Gobierno no tiene deudas con las comunidades para aplicar la ley»

valladolid

Las diferencias entre Gobierno y Junta en materia de dependencia no pudieron disimularse del todo en el encuentro entre la ministra Mercedes Cabrera y el consejero César Antón ayer en Valladolid. El ejecutivo autonómico ha criticado en multitud de ocasiones la falta de financiación de la Ley de Dependencia y los retrasos en la llagada de recursos, aún cuando se trata de un texto es de vital importancia en Castilla y León debido al envejecimiento de la población.

Pese al buen clima que reinó en el encuentro entre ambos políticos frente a la prensa, lo cierto es que la financiación y los tiempos de aplicación de la Ley provocaron el único desencuentro de la mañana. La ministra quiso dejar claro que el gobierno no mantiene ningún tipo de deuda económica con las comunidades autónomas a cuenta de la Ley de Dependencia, algo que se ha apuntado en varias ocaciones desde el ejecutivo autonómico. «Desde el ministerio se remite de forma automática el dinero correspondiente a lo que cada comunidad está haciendo», aseguró Cabrera, «por lo que no hay deuda pendiente». En todo caso, la ministra apuntó a que lo importante de esta Ley es que los dependientes reciban «cuanto antes» su prestación económica «para lo que es imprescindible la colaboración entre todas las administraciones implicadas en el proceso».

Por ello, Mercedes Cabrera evitó hacer cualquier tipo de valoración acerca de la aplicación del texto en la comunidad: «lo que quiero es que las ayudas lleguen a su destino, lo demás son polémicas inútiles y perjudiciales para el desarrollo de la Ley». «No se trata de tirarnos los datos a la cabeza», insistió.

Por su parte, César Antón, apuntó que, si bien en un principio sí existieron ciertos retrasos en la llegada de fondos desde las arcas centrales, en la actualidad se está llevando a cabo «de forma más ágil». Gran parte de ese éxito se debe, según el consejero de la Junta, al trabajo que el ejecutivo autonómico está llevando a cabo en esta materia, ofreciendo las prestaciones requeridas con la mayor diligencia posible. «En Castilla y León tenemos un compromiso firme en la aplicación de esta Ley». Eso sí, la ministra Cabrera reconoció la existencia de un sistema burocrático un tanto «farragoso», aunque lo achacó a las garantías que deben exigirse al proceso de adjudicación de ayudas y subvenciones. Sin embargo, aseguró que esos problemas iniciales desaparecerán en un futuro cuando la Ley esté más asentada en las comunidades autónomas.

Sí estuvieron de acuerdo, sin embargo, consejero y ministra al afirmar ambos que sería necesario la puesta en marcha de un baremo común a todas las comunidades para facilitar el conocimiento de la aplicación real de la Ley de Dependencia en España. La sugerencia partió del propio consejero de la Junta de Castilla y León en el primer encuentro que mantuvo con la ministra, y parece que ambos dirigentes coinciden en los beneficios de igualar los términos con los que se examina la Ley.

Parece que el Consejo Territorial-" cuya próxima reunión se llevará a cabo el próximo 15 de abril-" sería el marco adecuado para sacar adelante esta propuesta, ya que según valoró el propio Antón, «es el máximo órgano a nivel estatal de aplicación de la Ley de Dependencia, junto al propio Ministerio». De esta forma, el consejero cree que se evitaría la disparidad en las cifras que se manejan desde las comunidades y el propio Ministerio.

Sin embargo, la tarea, tal y como señaló la propia ministra, no es fácil; esa unificación de criterios daría como resultado un sistema «similar al educativo o el sanitario», «con lo que se tardará mucho en poner en marcha y en poder consolidarlo con garantías para que los recursos lleguen allí donde tienen que llegar», concluyó la ministra Mercedes Cabrera.