La llegada del caso Gürtel a los tribunales superiores paraliza el trabajo policial

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El galimatías competencial en el que se ha convertido el caso Gürtel tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón mantiene casi bloqueada desde hace dos semanas la investigación policial sobre la trama corrupta que dirigía el empresario Francisco Correa y que salpica a altos cargos del PP.

Responsables de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera explicaron ayer que todavía no han obtenido permiso de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, a los que Garzón envió el caso tras constatar la implicación de aforados populares, para consultar las cuentas de los cinco parlamentarios autonómicos imputados, entre ellos el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Se trata de unos «datos imprescindibles» para llevar a buen puerto el caso, en palabras de los funcionarios policiales.

La situación es aún peor en el caso del tesorero del PP, Luis Bárcenas, o del eurodiputado Gerardo Galeote, los dos responsables políticos a los que el magistrado Garzón acusa de haber recibido las cantidades más importantes de la red de corruptelas. Los agentes no han podido consultar «un solo papel» sobre el patrimonio de ambos o sus movimientos bancarios, y saben que jamás tendrán acceso a esa información si el Tribunal Supremo, único con competencia para investigarles por su condición de aforados nacionales, no se hace cargo del sumario.

La condición de aforados de los presuntos implicados ha provocado que los expertos de la Udef hayan dado un brusco frenazo en sus pesquisas tras dos meses sin descanso. Todos los documentos encontrados en los registros posteriores a la captura de Correa y sus dos más estrechos colaboradores, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, ya han sido expurgados. Los agentes no han hallado datos de «especial interés» en las últimas remesas de «papeles» confiscados.

Sin cotejo

Los expertos anticorrupción se lamentan de que todavía no han podido cotejar los pagos de supuestos sobornos encontrados en el libro de «contabilidad B» que la trama corrupta guardaba en su piso de seguridad de la calle Serrano de Madrid y que, hasta ahora, es la base de las acusaciones contra los altos cargos del PP. Según esos asientos, Bárcenas habría recibido en comisiones 1.353.000 euros y Galeote, 528.310 euros.

Para Anticorrupción esos indicios, por el momento, no tienen la suficiente solidez para llevar el caso ante el Supremo. Sin embargo, los policías se quejan de que «no pueden ir más allá» en la investigación sobre Galeote y Bárcenas si se les niega el acceso a varias cuentas en España y el extranjero ya localizadas o a comprobar sus datos en la Hacienda Pública para determinar si sus ingresos corresponden a su patrimonio.

Más de un millón

La Policía Judicial no cree indispensable para la investigación conocer las cuentas de Camps o del secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa, a los que Garzón acusaba de haber recibido dádivas en especie, entre ellas, trajes para cada uno por valor de 12.783 y 7.325 euros. Sin embargo, sí considera «clave» avanzar en otras de sus líneas de investigación: la corrupción entre los altos cargos regionales de Madrid.

La parálisis en las investigaciones también afecta a la parte internacional de la trama, la de los paraísos fiscales.

Destino del caso

Entretanto, la Fiscalía Anticorrupción remitirá esta semana al Tribunal Superior de Madrid un informe en el que pedirá a este juzgado que continúe la instrucción sobre la trama corrupta al margen de la decisión que tome el Superior Valenciano. El TSJ madrileño, que asumió la competencia para investigar a los aforados de esta comunidad y a los otros 56 imputados por Garzón, preguntó al Ministerio Público si el caso no debería terminar en el Tribunal Supremo en el supuesto de que la sede judicial valenciana decida investigar a Camps y a Costa.