El Fiscal mantiene petición de 5 años de cárcel para los militares acusados

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de entre 5 y 4 años y medio de cárcel para los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

El teniente fiscal Fernando Burgos ha elevado a definitiva su petición ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que lleva la vista oral que hoy se ha reanudado con la declaración de dos forenses turcos.

En su escrito, el fiscal pide 5 años de cárcel para el general de Sanidad Vicente Navarro y 4 años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita también una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.

Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.

Como únicas novedades de su escrito, la fiscalía hace una descripción mas detallada y mantiene calificación jurídica. Además incluye en el apartado de responsabilidad civil a la aseguradora Zurich España.

En su escrito de acusación, el fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y " rellenar " de forma arbitraria y " caprichosa " los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar.

A Ramírez y a Sáez el teniente fiscal les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.

Por su parte, la Asociación de familiares de víctimas del Yak también ha elevado a definitivas sus peticiones, en las que reclaman seis años de cárcel para los tres acusados.

El juez Gómez Bermúdez ha reanudado la sesión de la tarde, tras la declaración de dos forenses turcos por la mañana, con la aceptación de las pruebas documentales, que todas las partes dieron por reproducidas.

Entre ellas figuran certificados de defunciones, pólizas e informes de autopsias, entre otros documentos.

Con esta cuestión ha finalizado la sesión de hoy y el juez Bermúdez ha anunciado que proseguirá el próximo lunes con los informes del ministerio fiscal.

Se prevé que el juicio concluya el próximo martes