El fiscal acusa al general Navarro de inventarse 30 identidades del Yak-42

m.m. | madrid

«Tenían que salir cadáveres inmediatamente, con mucha prisa, por las razones que fueran y que podían estar determinadas por la celebración de un acto o no». La alambicada frase es del fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, y resume su compleja posición en el juicio abierto por la errónea identificación de treinta de los militares muertos en el accidente del Yakolev 42: la responsabilidad última fue del general médico Vicente Navarro, que se inventó esas equivocadas filiaciones para conseguir traer a España los cadáveres en sólo dos días sin importar los motivos, por lo que no es posible extender culpabilidades a otros estamentos militares o políticos del Ministerio de Defensa. El fiscal Burgos defendió ayer ante el tribunal que juzga el caso su petición de cinco años de cárcel para el general Navarro, jefe del equipo español enviado a Turquía para repatriar los cadáveres.

También reclama cuatro años y medio de prisión para los dos médicos que realizaron las autopsias, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Todos los documentos elaborados por estos tres oficiales no sólo «son falsos», sino que también provocaron la falsedad de otros como los certificados de defunción de los fallecidos, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios.

Todo ello, añadió, porque el funeral de Estado estaba fijado de antemano para el 28 de mayo del 2003, apenas dos días después del accidente. «Si los cadáveres no identificados no se hubieran identificado falsamente, no se habrían podido enterrar ni incinerar», explicó el fiscal Fernando Burgos.

«La decisión estaba tomada desde el primer momento; en el documento del general Navarro se dice que contaban con un biólogo que no se utilizó, no se tomaron muestras de ADN, que es el único modo de alcanzar seguridad, pero no es que no les dejaran, la razón es que tenían prisa», aseguró al tribunal.

Para llegar a tiempo al funeral de Estado, Navarro y sus colaboradores incumplieron la Ley del Registro Civil y renunciaron a tomar muestras de ADN. Cuando las autoridades turcas les entregaron los cadáveres mediante un acta en el que 32 cuerpos tenían asignadas identidades y 30 espacios aparecían en blanco, el general rellenó los vacíos con identidades colocadas de cualquier manera.

En una intervención que superó la hora de duración, el fiscal Burgos enumeró todos y cada uno de los errores cometidos por el equipo español, en el que el general Navarro fue el «dominador de todos los actos» al ser «jefe de la misión», mientras que Ramírez y Sáez eran conscientes de lo que ocurría porque «estaban en pleno ejercicio de sus facultades mentales».

Daños morales

Los abogados que ejercen las distintas acusaciones particulares en nombre de los familiares de los muertos suscribieron punto por punto el relato del fiscal Burgos, salvo donde su equilibrio es más complicado. Todos coinciden en que la fecha del funeral de Estado se fijó con anterioridad a que concluyese el proceso de identificación de los cadáveres, pero donde el acusador público sólo ve la explicación al comportamiento del general Navarro y sus colaboradores, las familias encuentran el argumento para reclamar que no se cierre del todo la investigación.

Para los acusadores particulares, es necesario averiguar quién ordenó celebrar las exequias en esa fecha y si tuvo algo que ver con las prisas exhibidas por el equipo forense enviado a Turquía.

Por eso, la mayoría pidió al tribunal que, en la sentencia, ordene proseguir las pesquisas en ese sentido.