El TSJ valenciano investigará si Camps fue sobornado con trajes

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La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió asumir la investigación del caso Gürtel en lo que afecta al presidente de la comunidad, Francisco Camps, y al secretario general del PP regional y diputado en las Cortes Valencianes, Ricardo Costa, ambos aforados. La resolución dictada ayer asume también para este órgano judicial las pesquisas sobre las relaciones de otros dos altos cargos del PP con la trama corrupta. Se trata del ex consejero Víctor Campos y del jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Estos dos últimos fueron imputados en su día por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de la causa.

La decisión deja el caso Gürtel tal y como lo quería la Fiscalía Anticorrupción: la investigación sobre la trama de corrupción que encabezó el empresario Francisco Correa, y que ha salpicado a numerosos cargos del PP madrileño queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado mes de marzo asumió la competencia sobre el conjunto de las pesquisas, que afectan a medio centenar de imputados, entre ellos cuatro diputados regionales. Cuando ese órgano judicial asumió el asunto, hizo expresa salvedad de la resolución que en su día dictase la justicia valencia.

Esa resolución llegó ayer y, según un comunicado difundido por el tribunal superior valenciano, este órgano asume el caso sólo para indagar sobre las relaciones de los cuatro altos cargos del PP regional con la terminal valenciana de la red de Correa, en concreto la empresa Orange Market y sus filiales, entidades controladas por Álvaro Pérez Alonso. El magistrado José Flors instruirá las diligencias abiertas ayer por un presunto delito de cohecho, en las que una de sus primeras decisiones será resolver la petición de la Fiscalía Anticorrupción de interrogar al presidente Camps y a Costa.

Fuentes judiciales señalaron que la indagación preliminar que debe realizar el magistrado Flors puede requerir al menos un año. A su término, él será quien proponga a la sala el archivo de las actuaciones, si no encuentra indicios suficientes de criminalidad en los hechos atribuidos, o la apertura de juicio oral contra quienes resulten imputados.

A partir de las indagaciones del juez Garzón, la Fiscalía Anticorrupción acusó a Camps y a Costa de recibir sobornos en especie de la red empresarial corrupta a cambio de concesiones de contratos públicos, que en lo que va de siglo habrían ascendido a más de cinco millones de euros. En principio, al alto tribunal valenciano abre las diligencias previas sólo por el delito de cohecho, para investigar esos pagos. En la resolución dictada ayer, según informaron fuentes judiciales, no hay referencia alguna a posibles delitos de financiación ilegal o tráfico de influencias, como sugirió en su escrito de inhibición el magistrado Garzón.

Para evitar las filtraciones a la prensa que se han producido durante los últimos meses, la sala impuso el secreto sumarial.