Cuidadora en espera de sueldo

león

Gabriela Suárez Soto sufre alzhéimer, parkinson y diabetes. Está encamada desde hace tres años, aunque hasta septiembre del 2008 su hija aún podía moverla de la cama a la silla y de la silla al sofá. Un episodio agudo de la enfermedad la postró definitivamente hace pocos meses.

Es una de las diez mil personas que en León han solicitado acogerse a la ley de la dependencia, que se estrenó hace dos años. En el proceso de baremación ha recibido 95 puntos sobre 100, lo que significa que tiene reconocido el grado y nivel más altos de dependencia y tiene derecho a una prestación económica de 506,96 euros para compensar los cuidados que día y noche tiene que prestarle su familia.

Hasta que se quedó en situación de total inmovilidad, Gabriela era una «abuela golondrina», pasaba temporadas con cada hijo e hija. Pero desde entonces, es su hija Covadonga García Suárez, de 57 años, quien se ocupa de ella las veinticuatro horas del día. «Fue una decisión que tomé antes de saber que se iba a aprobar esta ley», precisa por si alguien piensa que se hizo cargo de su madre por la ayuda. Para cuidar a su madre «tuve que dejar de trabajar en la hostelería, agoté el paro y la ayuda familiar», explica.

El próximo 17 de mayo se cumplen dos años desde que presentaron la solicitud para acogerse a los anunciados beneficios de ley de la dependencia. De hecho, Gabriela es una de las 4.500 personas que en León ya tienen reconocida la prestación y su hija figura entre 372 cuidadores no profesionales dados de alta en la Seguridad Social en León gracias a la ley de dependencia.

Pero todavía no han ingresado en la cuenta de su madre ni un sólo euro de la ayuda a la que tienen derecho para los cuidados en el entorno familiar y, lo que es peor, «en noviembre tuve que renunciar a la hora de ayuda de a domicilio del Ayuntamiento de San Andrés porque es incompatible con la dependencia», se queja. «No es que quiera las dos ayudas, pero al menos que me hubieran dejado tener esa hora de respiro hasta que empezaran a pagar», agrega. Pero la ley no lo permite, hay que renunciar a la ayuda antes de tener reconocida la prestación.

Casi un centenar de personas en la provincia se han visto en la misma situación, de ellas 35 en los municipios de menos de 20.000 habitantes donde presta el servicio la Diputación provincial.

«Estamos hartos de escritos y de llamadas a Valladolid y no de no saber nada sobre el tema desde noviembre», agrega su marido, Luis Laiz, que actúa como representante legal de Gabriela.

La administración no explica por qué se producen estas situaciones de retraso en el cobro real de las prestaciones, máxime ahora que se han descentralizado las competencias para que las intervenciones territoriales puedan hacer los pagos con más prontitud. El pasado 30 de enero, la familia de Gabriela presentó un escrito en la Junta para pedir explicaciones sobre el retraso en el pago de la ayuda, pero aún hoy no ha recibido respuesta.

El gerente de servicios sociales de León, Carlos Miller, admite que en la actualidad los expedientes de dependencia tardan en resolverse entre más de un año -”la ley da un plazo de seis meses-” pero señala que cada caso tiene sus particularidades que pueden influir en la resolución definitiva.

«¿Si yo estoy dada de alta en la Seguridad Social por qué no cobro?», se pregunta la hija, quien lamenta que se actúe con más rapidez para librar los pagos a que tienen derecho las personas que están residencias -”que cobran directamente las empresas que prestan el servicio-” que con los familiares que llevan el peso de la dependencia. «Si un día no está Luis en casa, no puedo salir ni a por el pan», comenta esta mujer que guarda para sus adentros todo el desgaste psicológico que supone ver a su madre postrada y cuyo único signo de existencia son su respiración los sonidos guturales que emite a ratos.