Los sectores afectados por las medidas son cautos hasta ver la letra pequeña

m.m. | madrid

El paquete de medidas con el que José Luis Rodríguez Zapatero dio la vuelta al debate sobre el estado de la nación fue recogido por los sectores afectados con perplejidad, estado que dejó paso a un cierto escepticismo sobre las bondades de las iniciativas. Tras un análisis más sosegado, ayer llegaron las primeras valoraciones positivas, aunque embargadas hasta conocer la letra pequeña de las propuestas y pendientes de la respuesta de las comunidades autónomas, a las que el presidente del Gobierno reservó un papel estelar en su proyecto sin habérselo comunicado antes.

El anuncio que más comentarios generó el día después es el de la desaparición en el 2011 de la desgravación fiscal por compra de vivienda. La patronal de las empresas constructoras, Seopan, le dio un rotundo aplauso. Su presidente, David Taguas, calificó de «adecuada y audaz» la iniciativa. Taguas fue estrecho colaborador del presidente del Gobierno como director de su Oficina Económica. Pero su entusiasmo tuvo otro origen. «Al restringir las deducciones por vivienda a las rentas más bajas, lo que se hace es incentivar que se adelante la compra de vivienda para que se reduzca el actual stock de viviendas vacías», explicó, e insistió en que «es una medida audaz».

En cambio, la Asociación de Promotores Constructores de España no ocultó su decepción. «Hay dos clases de estímulos, y éste es negativo, porque dice al comprador que en el 2010 desaparecerá una ventaja; yo habría preferido uno positivo», explicó su presidente, José Manuel Galindo. A medio camino, Pedro Pérez, secretario general del G-14, formado por las grandes inmobiliarias, buscó una visión algo más positiva: «No es la letra que nosotros pedíamos, pero la música es muy parecida».

En contra de anteriores posturas, el presidente del Gobierno anunció otra modificación de la política fiscal para rebajar cinco puntos el Impuesto de Sociedades de las pequeñas y medianas empresas, o del IRPF de los autónomos, que no destruyan empleo.

Pero son bonificaciones limitadas a sociedades con menos de 25 empleados, por lo que su alcance parece muy limitado.

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) no quiso embarcarse en disputas y se limitó a señalar que las rebajas fiscales pueden mejorar la financiación de las empresas y por tanto ayudar a mantener su actividad. La Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Anespa), sí criticó con dureza la iniciativa porque, recordó, 1.800.000 autónomos que no tienen asalariados no puede acogerse a la medida.

La Ceoe, en un comunicado en el que valora el paquete de medidas, defiende que muchas de las medidas van en la «buena dirección», como la reducción del impuesto de sociedades, aunque protesta por su limitación y reclama que se extienda a todas las pequeñas y medianas empresas.

El sector del automóvil, otro de los grandes perdedores de la crisis, recibió el anuncio de ayudas directas a la compra con tanta satisfacción como preocupación. Era una vieja reclamación de una industria, pero tanto fabricantes (Anfac), como concesionarios (Faconuato) o la asociación de vendedores Ganvam reclamaron que el plan se pongan en marcha «de inmediato», ya que el mero anuncio pueden desanimar la escasa demanda existente hasta que las ayudas sean efectivas.

La rapidez no parece fácil, porque el proyecto del Gobierno prevé rebajas lineales de 2.000 euros por vehículo, sin discriminar clase o categoría, cofinanciados por el Estado (500 euros), las comunidades (500 euros) y los fabricantes (1.000 euros). Y las autonomías parecen recelosas. Cataluña y Madrid han protestado porque Zapatero presentó la propuesta sin haberla consensuado. Otras anunciaron que su intención es defender las propias ayudas que ya conceden (Navarrra) o que estudian poner en marcha en próximas fechas (Comunidad Valenciana). Una reunión este jueves entre Industria y las comunidades intentará desatascar la situación.