Los presidentes imputados

Varios presidentes de comunidades autónomas han estado imputados en diferentes casos. Estos son los más relevantes:

Juan José Ibarretxe , lendakari entre 1999 y 2009, declaró como imputado en enero de 2007 por haberse reunido en abril del año anterior con representantes de Batasuna. En esta misma causa también fueron imputados el actual lehendakari, Patxi López, y el actual Consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.

Jaime Ignacio del Burgo (UCD), presidente de la Diputación Foral de Navarra, fue acusado en 1980 por malversación de fondos, causa por al que la diputación le destituyó del cargo, y en enero de 1984 fue exculpado por los tribunales.

Demetrio Madrid (PSOE), presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y el 29 de octubre de 1986, fue imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. En 1990 el Tribunal Superior de Justicia le absolvió.

Carlos Collado ( PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el caso Casa Grande, del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.

Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares, que dimitió en julio de 1995, a los pocos días de jurar su cargo, por los casos Calvia, fue imputado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones, y del Túnel de Sóller, sobre un supuesto delito de prevaricación. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.

Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra en 1996, dimitió tras ser imputado en julio por un supuesto cohecho en la trama navarra del caso Roldán. También declaró como imputado el 3 de octubre de ese año por el caso Otano. El delito había prescrito.

Gabriel Urralburu (PSOE) presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue encarcelado en 1995, por haber cobrado comisiones ilegales en el caso Otano. Primer presidente encarcelado, salió en libertad provisional en 1998, y fue condenado a 11 años de prisión. El Supremo redujo su condena a cuatro años.

José Marco (PSOE), presidente de Aragón entre 1993 y 1995, dimitió y fue condenado a 13 meses de cárcel en el caso del Sillón. En 1998, fue condenado por el caso de los Espías a 9 meses. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal.

Juan Hormaechea (UPCA), presidente de Cantabria entre 1987 y 1995, fue condenado a 6 años de prisión por de malversación de caudales públicos. El Supremo la redujo a tres.