y una multa de 6.000 euros
El fiscal pide dos años de prisión para Fabra por falsedad en documento oficial
Carlos Fabra, en diciembre, al ser reelegido presidente del PP en Castellón.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el presidente de la Diputación de Valencia, Carlos Fabra, una pena de dos años de prisión y una multa de 6.000 euros como autor de un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial.
El fiscal considera que Fabra, en fecha no concretada, con el objeto de conseguir " el mayor número posible de autorizaciones " del Gobierno para la producción de productos fitosanitarios por parte de dos empresas en las que participaba su mujer, acordó con sus socios presentar documentación manipulada " si era preciso ".
Esta manipulación significaba " la simulación de informes técnicos y la imitación de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China ", y para simular esos papeles se fabricaron " sellos y cuños " que "fueron proporcionados" por Fabra.
Productos fitosanitarios
La fiscalía ha pedido que se sobresean las actuaciones dirigidas contra el exdirector adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía y la exesposa de Fabra, María Amparo Fernández.
Los hechos se remontan al 2001, cuando Fabra, el empresario Vicente Vilar y la mujer de este, Montserrat Vives, manipularon la documentación necesaria para conseguir autorizaciones del Ministerio de Agricultura y fabricar productos fitosanitarios en las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi SL y Artemis 2000 SL.
Esta última estaba participada por la entonces mujer de Vives y la del presidente de la Diputación de Castellón, según relata el Ministerio Público. La manipulación, prosigue, consistía en simular informes técnicos e imitar documentos supuestamente emitidos por laboratorios de empresas de la India y China.
Falsificaciones de sellos y firmas
Para ello, elaboraron sellos y cuños que en un primer momento fueron proporcionados por Fabra y luego por el impresor Manuel Martínez. El fiscal concreta que "hasta en seis ocasiones" fueron falsificados sellos y firmas en la documentación presentada por Arcavi SL ante el Ministerio de Agricultura.
Los expedientes administrativos en los que obra esta documentación falsa eran solicitudes de homologación de sustancias para la elaboración de productos, en las que aparecen sellos de empresas chinas o indias que supuestamente habían suministrado los componentes activos de esas sustancias.
Los documentos, fechados entre diciembre del 2001 y julio del 2002, fueron firmados todos por Vives. Anticorrupción pide para Vilar y su exmujer la misma condena que para Fabra y una pena de un año de prisión para Martínez por la fabricación o tenencia de útiles para cometer falsedad documental.