Reportaje | A. G. Puente
Exámenes de ida y vuelta
Filtraciones, acusaciones de clientelismo político y recursos envuelven la polémica
Un grupo de opositores, en una imagen de archivo, en una reunión para defenderse de las acusaciones
Las controvertidas cuarenta plazas corresponden a las ofertas públicas de empleo del 2007 y 2008 de la Diputación y el Instituto Leonés de Cultura. Las distintas pruebas de las oposiciones se celebraron durante el último trimestre del pasado año. La institución provincial recibió 2.255 instancias para concurrir a estas pruebas, a las que finalmente se presentaron 1.600. Al tercer y definitivo ejercicicio llegaron únicamente casi setenta personas.
A principios de diciembre, cuando todavía no habían acabado todas las pruebas, un centenar de firmas avalaron una queja presentada ante el Procurador del Común: 57 de opositores y otras 51 de personal de la propia Diputación que apoyó la reclamación solicitando el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y la garantía del principio de transparencia «ante la amplia discrecionalidad manifestada reiteradamente por la entidad en los procesos de promoción y provisión de puestos de trabajo».
La resolución del Procurador a principios de la primavera, poniendo en evidencia diversas irregularidades sobre el proceso, animó a un grupo de opositores a anunciar su intención de acudir a los tribunales para conseguir anular las pruebas.
Paralelamente, las críticas políticas ante el proceso fueron elevándose de tono en el Palacio de los Guzmanes. El PSOE llegó a evidenciar con nombres y apellidos una lista con 26 nombres de opositores que «consiguieron la plaza ligados al PP y al propio presidente del tribunal de estas pruebas». Horas después, este grupo anunció su intención de emprender acciones legales contra esta acusación.