El juez ve ilegalidades en la oposición de la Diputación y obliga a cesar a 10 funcionarios
Acuerda la suspensión del proceso de selección de los 40 auxiliares administrativos desde el puesto 27
Un auto firmado ayer por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León acuerda la suspensión del polémico proceso de selección de la Diputación para la provisión de cuarenta plazas de auxiliar administrativo, lo que obligará a la institución provincial a cesar en su cargo a aquellos aspirantes que consiguieron la plaza desde el puesto 27 hasta el final: un total de diez.
Además, el auto al que ha tenido acceso este periódico suspende la eficacia del decreto firmado por la presidenta, Isabel Carrasco (el 28 de enero del 2009), en el que desestimaba el recurso de alzada interpuesto por la demandante (una joven leonesa licenciada en Derecho), quien lo presentó ante la resolución del tribunal calificador un mes antes.
La suspensión de estas oposiciones se centra en lo referente a las puntuaciones de los aspirantes que en el turno libre hayan conseguido menos de 26,7042. La resolución fue notificada ayer a la Diputación y a los abogados de la demandante. Ahora, la institución provincial podrá plantear, si así lo estima conveniente, un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El auto admite así la medida cautelar planteada por la defensa de la denunciante en este sentido. Precisamente, este caso además tenía ya fecha para la celebración de juicio esta semana y ha sido suspendido hasta octubre. Se trata del primer recurso presentado y admitido a trámite ante instancias judiciales en este polémico proceso de oposiciones a auxiliar administrativo.
Estos exámenes de selección también cuentan con una resolución del Procurador del Común que insta a la institución provincial a «una profunda investigación» de una supuesta filtración, poniendo igualmente en evidencia otra serie de irregularidades.
La demanda de esta joven leonesa fue presentada el 1 de abril, una decisión motivada tras conocer que la Diputación había rechazado el recurso de alzada que planteó sobre el aspecto del proceso relativo a la baremación de los méritos académicos de los aspirantes, con el objetivo de que fuera realizado de forma adecuada. Reclamaba la anulación de la parte del proceso centrada en este asunto para que vuelva a ser realizado de forma correcta. A la joven no le fue puntuada la diplomatura, siendo en realidad licenciada. Esta imprecisión la dejó fuera de la selección en el último momento, cuando por puntuación debería haber estado entre las 37 personas que accedieron finalmente a una de las plazas convocadas de auxiliar administrativo.
En el documento del auto se refleja que «no se alcanza a comprender y tampoco se explica por la Administración, la razón de a quien ostenta una licenciatura en Derecho no se le valore el mérito en diplomado universitario y, por otra parte, se diga que no lo justificó en el momento procedimental oportuno».
También se hace referencia a la resolución del Procurador del Común en aspectos relacionados con la baremación y que aseguran que la exclusión a los licenciados de los méritos correspondientes a la diplomatura suponía la paradoja de que los aspirantes con mayor formación académica se verían perjudicados frente a los que tuvieran una formación inferior.
El abogado de la joven, Carlos González-Antón, mostró ayer su satisfacción ante el auto del juez que concede la medida cautelar solicitada y «reconoce los argumentos empleados en nuestro recurso, poniendo coto a una manifiesta ilegalidad».