Una tortuosa tramitación judicial

Si la Sala de lo Penal del Supremo decide asumir la investigación del caso Gurtel, pasarán meses antes de que los tres parlamentarios a los que la Fiscalía implica en la trama de corrupción puedan prestar declaración ante el juez instructor, y más si se tiene en cuenta que ni julio ni agosto son hábiles en el Congreso y el Senado. Los trámites para que el alto tribunal pueda dirigir la acción penal contra aforados, que gozan de inmunidad por razón de su cargo, son largos y tortuosos.

El primer escalón es la propia admisión a trámite de la causa. Antes de valorar los indicios delictivos contra Bárcenas, Merino y Galeote, la sala de admisión deberá comprobar que es el tribunal competente para asumir la causa, para lo que tendrá que recabar del Senado, Congreso y Parlamento europeo una certificación oficial de que los tres son miembros de las cámaras, y por lo tanto aforados.

Recibida la certificación, pedirá informe a la Fiscalía sobre si cree que de lo investigado hasta ahora se desprenden indicios para abrir una investigación. Si la sala coincide con la apreciación de la Fiscalía y del TSJ de Madrid, reclamará para sí la investigación. Dado lo avanzado en la investigación de la trama Gurtel por el juez Garzón y el TJS de Madrid, el fiscal pedirá que declaren los acusados.