El Constitucional rechaza poner una fecha al fallo sobre el Estatuto catalán

El horizonte para conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña sigue sin vislumbrarse. Casi tres años después de presentarse las impugnaciones al texto, aprobado por el Parlamento y luego refrendado por los catalanes el 19 de junio del 2006, las deliberaciones están ya en la «fase final», aunque es probable que el fallo se demore más allá de julio debido al «arduo» debate que han generado aspectos como la financiación, según fuentes del alto tribunal.

La presidenta del Constitucional, Emilia Casas, no descartó este jueves que se vea obligada a habilitar el mes de agosto para adelantar los trabajos, como ya hiciera el pasado año con la ley de consultas aprobada por el Parlamento vasco. Pero no hay nada decidido, y todo dependerá de la marcha de los debates entre los magistrados.

Durante la presentación de la memoria del trabajo realizado por el tribunal durante el 2008, la presidenta indicó que los trabajos se han acelerado en los últimos meses para que la resolución se conozca «lo antes posible». Así, en el orden del día de los plenos que se celebran cada dos semanas, y en donde los magistrados dirimen los recursos al texto, el estatuto catalán acapara buena parte del tiempo, hasta el punto de que los magistrados tienen que dejar aparcados otros asuntos judiciales ordinarios.

La magistrada Elisa Perez Vera se dedica casi en exclusiva a la redacción del borrador de la sentencia. Tras elaborar un primer borrador de la sentencia, en el que dejó fuera asuntos espinosos como la financiación, en la actualidad somete a discusión de sus compañeros un segundo texto, que supera ya los 400 folios de extensión, según fuentes de la institución. Los debates se han caracterizado por tener un «importante» contenido ideológico, en el que magistrados de una u otra tendencia política defienden a ultranza sus posturas en materias tan espinosas como la financiación, la bilateralidad en las relaciones Cataluña-Estado que dibuja el estatuto o el preámbulo que equipara a autonomía catalana con una nación.

Fuentes de la institución apuntan desde hace meses que el Constitucional prepara una sentencia interpretativa, en la que muchos de los artículos denunciados por el Partido Popular o el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no serán anulados, sino que se fijará cómo deben ser aplicados para que no contravengan el espíritu de la carta magna. El partido opositor parece tener asumida esta posibilidad: «Vamos a encontrarnos con un fallo tan interpretativo que nos va a llevar otros tres años para aclararnos», asegura, con sorna, un dirigente popular.