Un informe recoge cómo se vivieron las semanas previas al 18-J en las calles
PIEZA PRINCIPAL
129 asesinados en 42 municipios, testigos que denuncian y alcaldes informantes
La denominada Pieza Principal consta de más de 500 folios correspondientes a toda la documentación que informa sobre los delitos cometidos en la capital y en diferentes pueblos de la provincia. Existen dos tomos con los informes emitidos por todos los ayuntamientos de la provincia donde se produjeron asesinatos una vez iniciada la Guerra Civil. Los alcaldes informaron al fiscal instructor sobre los «perjudicados», pero también se realizaron muchas declaraciones de testigos denunciando muertes y ahora estas palabras dejan de ser mudas. El Régimen dio por probado, tan sólo con el certificado de los alcaldes, el asesinato de 129 personas en la provincia de León durante este periodo. Sus nombres, su edad, su profesión y, sólo en algunos casos, las circunstancias de su muerte quedaron reflejados entre estos papeles.
Aquí se encuentra la relación de personas asesinadas en cada uno de los 42 términos municipales con víctimas mortales -”en aquel momento había 236 ayuntamientos en la provincia leonesa-”. Se les ordenó hacer una estadística con las víctimas nacionales durante lo que ellos llamaron dominación marxista. Los resultados aparecen reflejados en el gráfico. Los de 1940 y los rectificados en 1945, que arrojaron la cifra final de 134 caídos, 15 de ellos niños o jóvenes.
Junto a esta documentación se puede hallar un complemento de la pieza con notas del Frente Popular de León dirigidas al Fiscal General de la República acerca de la aplicación de la amnistía a determinadas personas. También menciona la petición de traslado del fiscal de la Audiencia de León, Manuel Fidalgo, por no ofrecer «garantía de justicia para ningún hombre de izquierdas en León» y de responsabilidades al director de la cárcel provincial, Nicolás Sandoval, por no ofrecer esa garantía a los funcionarios.
PIEZA SEGUNDA
Informes de ayuntamientos sobre la fecha y manera en que fueron liberados
Este paquete documental contiene información sobre la actuación del ejército, republicano y nacional, y la participación de los civiles en los mismos. Existen informes de los ayuntamientos relativos a la sublevación militar y a la «liberación» de la provincia, así como referencias a las autoridades y organismos republicanos. El expediente se conserva bajo el título «Del Alzamiento Nacional, Antecedentes, Ejército Rojo y Liberación». Contiene, además de providencias del fiscal, diligencias, oficios y certificaciones, informes de ayuntamientos sobre las fechas en las que fueron liberados, qué fuerzas militares intervinieron, actitud de los republicanos ante el acercamiento de las tropas, sus medios de huida y la reacción de los pueblos ante la liberación. En este sentido destaca una pequeña pero interesante aportación: la relación de los pueblos de León que fueron liberados, por partidos judiciales, con expresión de las fechas en las que se produjo esa liberación y quiénes intervinieron en ella.
PIEZa cuarta
Averiguaciones sobre las Checas de León, sus miembros y los detenidos
La Pieza Tercera, correspondiente a Cárceles y Sacas, no está disponible. Le sigue la cuarta, correspondiente a las Checas. Contiene las diligencias practicadas para averiguar la existencia de las checas que se establecieron en la provincia, su organización y funcionamiento, así como los componentes de los comités y las personas que fueron asesinadas y detenidas.
PIEZA QUINTA
Informes sobre asuntos civiles y criminales en los Juzgados a partir de 1936
Estas cajas contienen información sobre los magistrados, jueces, secretarios y jurados que actuaron en los diferentes tribunales populares. Se localizan referencias a la actuación de la justicia impartida por el Gobierno republicano, tanto de los tribunales ordinarios como de los tribunales especiales: procedimientos, sentencias, penas de muerte e informes. Se incluyen relaciones numéricas de las causas instruidas e incoadas por los juzgados de la provincia durante la Guerra Civil.
Resulta curiosa la abundancia de informes de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Juzgados municipales sobre el funcionamiento de los tribunales y la injerencia de éstos de autoridades gubernativas o partidos políticos y sindicatos, personal al servicio de dichos tribunales y el paradero de éstos: si fueron depurados, perseguidos, detenidos o asesinados durante la Guerra Civil, además de la relación numérica de las causas instruidas durante este periodo. Sólo el Ayuntamiento de Boca de Huérgano aportó dos asuntos criminales y ocho civiles. El resto de municipios no informaron sobre actividad judicial alguna.
PIEZA SÉPTIMA
Cómo estaban compuestos los ayuntamientos y cómo se portaron en la guerra
No existe Pieza Sexta. Es la que corresponde al apartado Prensa. A continuación se encuentra el paquete documental de la Pieza Séptima, el dedicado a la actuación de las autoridades gubernativas locales. Alberga informes de los ayuntamientos sobre la identidad de los alcaldes y la composición de los equipos de gobierno de las distintas localidades de la provincia, indicándose su filiación política y actuación durante la Guerra Civil. También se incluye un informe relativo al orden público en los distintos municipios. La frialdad de las cifras contrasta con su propio contenido. En agosto de 1941 se hace un informe actualizado sobre la situación de los alcaldes que estuvieron al frente de sus ayuntamientos durante la dominación roja. Fueron 18 regidores, de los que uno fue ejecutado en garrote vil, cuatro fusilados, tres encarcelados, uno huido, seis estaban en paradero desconocido, dos había fallecido y sólo no se hizo informe de uno.
PIEZA OCTAVA
Los saqueos en comercios e industrias fueron valorados en cuatro millones
Incluye los delitos contra la propiedad y los informes de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Aquí se recogen los casos de incautaciones de propiedades, tierras o industrias, el control obrero y la colectivización de los establecimientos comerciales e industriales, además de las denuncias presentadas por los perjudicados ante la cámara. La valoración de los saqueos realizados por el bando republicano en comercios e industrias particulares en la jurisdicción territorial de la Cámara de Comercio de León fue de 4.090.398 pesetas.
PIEZA novena
Se investigaron las cuentas bancarias de autoridades locales republicanas
Esta pieza de la Causa General contiene los informes de los bancos de la provincia (banca oficial, banca privada y Cajas de Ahorro) sobre «los atropellos» cometidos contra el derecho de la propiedad de los mismos o contra sus depositantes, cuantacorrentistas y arrendatarios de cajas de alquiler, así como las emisiones de billetes del banco y empréstitos del mismo. También aparecen informes sobre las cuentas de las personas que ocuparon cargos de responsabilidad durante el periodo republicano, el personal que trabajó en las entidades bancarias y su paradero.
PIEZA décima
La persecución religiosa se tradujo en cuatro curas muertos, saqueos y daños
Contiene informes de las autoridades religiosas del Obispado de León, de los párrocos y de los dirigentes de Acción Católica sobre las muertes violentas o desapariciones de sacerdotes y religiosos que se produjeron ela Diócesis de León, así como de las destrucciones y profanaciones que tuvieron lugar en las iglesias, templos, conventos y residencias de la provincia.
El alcance y contenido de este expediente incluye el ejemplar número 7 del Boletín Oficial del Obispado de León de 22 de junio de 1940, dedicado al homenaje del obispo y el clero de la diócesis a los sacerdotes y seminaristas muertos durante la Guerra Civil. Según el informe realizado sobre la persecución religiosa en la provincia, fueron asesinados cuatro sacerdotes, otros 37 resultaron perseguidos y 19 «no molestados». Ocho se escondieron o huyeron a la zona nacional. Once iglesias parroquiales fueron destruidas, 56 saqueadas y once profanadas. En cuanto a capillas particulares, se destrozaron siete, once fueron saqueadas y tres profanadas. Las iglesias destruidas fueron incendiadas, así como los sacramentos sagrados, retablos y mobiliario. La valoración de daños realizada por los párrocos en 1942 fue de 1.734.910 pesetas.
En cuanto a daños de carácter artístico, los titulares de las parroquias denunciaron la desaparición de cuadros antiguos y de gran valor. En muchas iglesias fueron robados los copones con las sagradas formas. «En el pueblo de Ventorrilla, los profanadores llegaron a repartírselas entre ellos en medios de un gran escándalo», recoge uno de los documentos.
Muchas de las iglesias que no llegaron a ser destruidas fueron utilizadas a usos profanos, caso de las del Real Monasterio de Arbás, Busdongo, Fontún, Pontedo, Tonín y Pendilla. todas sirvieron de establo para guardar el ganado de los vecinos de las fuerzas rojas. La de Villamartín del Sil fue convertida en carnicería y matadero; la de Sorbeda, en depósito de armas y víveres; la de Pola de Gordón, en cuadra y garaje; la de Villamanín, también en garaje; la de Villanueva de Portedo, en salón de baile y se da la circunstancia de que la imagen de San Andrés fue abatida a pedradas; la de Villasimpliz, en almacén de víveres; la de Cabornera, en pajar, y la de Buiza, en almacén de patatas. El santuario de Nuestra Señora de Carrasconte, en la parroquia de Piedrafita, fue igualmente profanado, quemando su venerada imagen en la noche del 27 de julio de 1936.
PIEZA UNDÉCIMA
El patrimonio artístico más dañado fue el «triturado» monasterio de Arbás
Es la última documentación de la Causa General y había sido clasificada como Tesoro Artístico y Cultura Roja. Contiene datos sobre los daños sufridos en el patrimonio artístico, principalmente en el Monasterio y Real Basílica de Arbás y en diferentes iglesias parroquiales de la provincia. Uno de los papeles referidos al conjunto de Arbás subraya que esta joya artística fue «materialmente triturada por las hordas marxistas», que hicieron desaparecer tres retablos de extraordinario valor y la celebérrima Virgen de Arbás. El cura encargado del monasterio en 1941, Emiliano de la Huerga, pedía al fiscal instrutor de la Causa General que estimara la posibilidad de reparar este monumento, «pues en los desatinos antiestéticos que en él se aprecian, más que los mismos rojos, han sido autores de ellos los ignorantes e inexpertos regidores que tuvo el monasterio desde hace diez lustros».
En la reclamación por daños, no se dejó de lado la reclamación de daños en el Palacio Episcopal de Astorga, alojamiento obligado de las fuerzas nacionales durante la campaña del norte.
CAUSA GENERAL DE OVIEDO
El fichero de inculpados incluye a 155 leoneses, 18 ejecutados oficialmente
Una de las partes correspondientes a la Causa General en León se encuentra separada de la pieza principal y corresponde al proceso seguido en la entonces provincia de Oviedo. Allí se pueden encontrar otros de los documentos más importantes para familias e historiadores: las relaciones de víctimas e inculpados de las provincias de Asturias y León. Un total de 155 leoneses figuran en el fichero de inculpados.
La identidad de todos ellos aparece ordenada alfabéticamente y en muchos casos con los alias con el que se les conocía, caso de Genaro Arias Herrero el Pata , Antonia Bodega la Libertaria, Leoncio del Campo el Gafas , Fidel Esteban el Droguero , Julio Fernández Zancajos , David Ferreras el Gancho , Laudelino García Sangrelimpia o Ramón Rodríguez el Botero . De los 155, sólo están los nombres de 141. Faltan todas las identidades de las personas inculpadas cuyo primer apellido empieza por las letras «w», «y» o «z». Son, por tanto, 14 los hombres o mujeres cuya memoria permenece en el limbo de papel.