Fianza a Manos Limpias para ejercer la acusación a Garzón
Registran una nueva querella contra el magistrado por sus cobros académicos
Garzón atiende a periodistas en una imagen de archivo.
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella contra el juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación en la causa del franquismo impuso ayer una fianza de 6.000 euros al pseudosindicato Manos Limpias para poder ejercer la acción popular en el proceso. El colectivo tiene ocho días para hacer frente al pago en metálico de esta cantidad con el fin de responder a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa.
Una vez que se materialice la fianza, solicitada por la defensa de Baltasar Garzón, el instructor del proceso, el magistrado Luciano Varela, estará en disposición de citar al juez de la Audiencia Nacional para que declare en calidad de imputado. La resolución del alto tribunal se fundamenta en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligatoriedad del particular de prestar este aval para responder al resultado del juicio.
A la espera de que Garzón comparezca ante el magistrado para dar su versión sobre el presunto delito del que se le acusa, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá decidir, por su parte, si suspende de forma cautelar al juez de sus funciones o espera a que se dicte un procesamiento firme para hacerlo. Todo hace indicar que se elija la segunda opción debido a la falta de apoyo de la fiscalía en la admisión a trámite de la querella. No obstante, la decisión final la tomará la comisión permanente del CGPJ, aunque no será esta semana, según fuentes del órgano gobierno de los jueces.
1397124194 Nueva querella. En otro de los frentes judiciales abiertos contra Garzón, la investigación que lleva a cabo el CGPJ sobre los cobros que recibió por impartir varias clases en Estados Unidos, el Tribunal Supremo registró este lunes una nueva querella contra el magistrado por este asunto. La presentaron los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, expertos en estas lides, y denuncian la política del Gobierno de apoyar al juez, lo que, a su juicio, condiciona la actitud de la fiscalía, que «obedece a la voz de su jefe».
El magistrado Miguel Colmenero ha sido designado ponente de la querella y ya ha pedido un informe a la fiscalía para que determine la competencia y el contenido de la demanda. Los querellantes acusan a Garzón de un presunto delito de cohecho por no comunicar los cobros que iba a percibir durante su estancia académica en Nueva York. Un asunto que en la actualidad investiga el servicio de Inspección del Poder Judicial.