Corte de alas a la Audiencia Nacional
El Congreso limita la jurisdicción universal a los casos vinculados con España
Se acabó eso de que la Audiencia Nacional juzgue, sin apenas limitación, las violaciones de derechos humanos cometidas en cualquier lugar del planeta. El Congreso de los Diputados aprobó ayer, por mayoría absoluta, una reforma legislativa que condiciona la intervención de la Justicia española a casos en los que esté acreditada la existencia de víctimas nacionales. También podrá actuar si los presuntos criminales se encuentran en España. Pero, en todo caso, deberá estar claro que no existen procedimientos abiertos ni en el país donde se cometieron los hechos ni un tribunal internacional.
Con esta reforma, avalada por PSOE, PP, CiU y PNV, el Gobierno se garantiza una mayor tranquilidad diplomática. España era uno de los pocos países que habían validado el principio de jurisdicción universal. Lo hizo, además, de manera muy temprana, en 1985. En virtud del Código Penal aprobado aquel año, Baltasar Garzón pudo ordenar el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998; Fernando Andreu inició hace unos meses la investigación de un bombardeo israelí sobre Gaza ocurrido en el 2002; Eloy Velasco tiene entre manos una querella por Guantánamo, y Santiago Pedraz ha abierto una causa contra dirigentes políticos chinos por la represión en el Tíbet.
Los quebraderos de cabeza que estos asuntos han dado al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no han sido menores. En enero trasladó a su entonces homóloga israelí la intención del Gobierno de modificar la ley. Después tuvo que intentar tranquilizar a China y la administración Obama