Denegados 258 permisos para residir en León
Las autorizaciones de residencia en España han pegado un frenazo coincidiendo con la crisis económica. En los seis primeros meses del año, la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno ha rechazado un total de 258 peticiones de residencia iniciales en la provincia de León.
La regularización por otras vías es muy escasa, como corroboran las estadísticas de la oficina de Extranjería. La reagrupación familiar es la principal vía de regularización de nueva población extranjera residente en León, aunque si se comparan las autorizaciones de este año con respecto al año pasado se observa una tendencia a la baja.
En concreto, en los seis primeros meses se han autorizado 172 reagrupaciones en la provincia (menos de la mitad de las 407 del año pasado) y el número de peticiones denegadas asciende ya a 178 casos (también algo menos de la mitad de las rechazadas el año anterior).
La vía del arraigo social, que estrenó en el año 2005 durante el proceso para la normalización de población extranjera residente e indocumentada ha alcanzado la cifra récord de peticiones denegadas desde el 2006 con un total de 49 expedientes rechazados frente a 21 aprobados. Un total de once ni siquiera han sido admitidas y otras seis fueron archivadas.
En cuanto a las expulsiones de población indocumentada o que ha incurrido en alguno de los supuestos de pérdida del derecho a residir en España se mantiene una cifra similar a años anteriores ya que hasta el 1 de julio de este año se han dictado un total de 97 expedientes de expulsión, algo más de la mitad de las 184 registradas el año pasado en la Subdelegación del Gobierno.
La regularización por arraigo social es una vía excepcional para conseguir el permiso de residencia en España, pero a la largo de este año ha experimentado una importante demanda, como constatan también los servicios municipales que tienen que realizar los informes.
Pero cada vez hay menos posibilidades de conseguir la residencia por esta vía. Las personas tienen que demostrar que llevan tres años residiendo en España de forma continuada, carecer de antecedentes penales y no tener prohibida la entrada en España. Otro requisito importante es que necesitan tener un contrato de trabajo firmado por el extranjero y por el empresario y cuya duración no puede ser inferior a un año.
También han de acreditar que tienen vínculos con otras personas extranjeras residentes en su entorno o presentar un informe del ayuntamiento correspondiente en el que se acredite su inserción social y los medios de vida con los que cuenta.
El último filtro es una entrevista personal sobre los requisitos que han alegado para presentar su solicitud y para la cual la secretaría de Estado de Inmigración remitió un modelo a las diferentes delegaciones del Gobierno en las autonomías.
«Se está desmontando el trabajo realizado por la administración en estos años de atrás denegando permisos y renovaciones de todo tipo de forma despiadada», opina el responsable de la oficina de inmigración de UGT en León, Miguel Ángel Cueto. «Los inmigrantes están más desprotegidos que nunca a pesar de que se mueven mucho y recorren todos los itinerarios de empleo».