Un juez decidirá si hubo prevaricación en la evaluación de los nuevos parques eólicos
La fiscalía asume la denuncia de los ecologistas contra autoridades y funcionarios de la Junta en León
En la provincia de León, los parques eólicos funcionan desde hace años, como el del Manzanal.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León investiga la denuncia presentada por el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en relación a posibles irregularidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental de nuevos parques eólicos en la provincia de León por parte de autoridades y funcionarios de la Delegación Territorial de la Junta en León. El ministerio público decidió tramitar esta denuncia después de investigar un amplio dosier presentado por varios colectivos ecologistas y acordó formular una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de León por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito descrito en el artículo 329 del Código Penal, relativo a la prevaricación de lautoridades y funacionarios.
Las diligencias de investigación, a las que ha tenido acceso este periódico, se centran en los responsables del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo y en los de Medio Ambiente de León, así como en los de la Comisión Territorial Ambiental de León.
En la denuncia suscrita por cinco colectivos conservacionistsa (URZ, Ecologistas en Acción, Tyto Alba, Filón Verde y Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica) se pone de manifiesto, de forma muy concreta, que «se estaba silenciando» en determinadas zonas la existencia de especies en peligro de extinción, caso del urogallo, y que incluso algunos estudios de impacto ambiental acogidos por los responsables de los citados servicios están presuntamente redactados por empresas que formaban parte del entramado empresarial de la firma que posteriormente explotaría el proyecto del parque eólico, según se desprende del escrito de la fiscalía.
Asimismo, los grupos ecologistas denunciaban la «falta de rigor» por parte de los responsables de la Junta de Castilla y León, en concreto de los órganos antes reseñados, todos con sede en León, para que por parte de las empresas que tenían adjudicados los proyectos cumplieran con lo establecido en las distintas resoluciones de estos órganos autonómicos, principalmente respecto a las fechas en las que se podían llevar a cabo obras en los distintos parajes donde se enclavan o se pretenden enclavar nuevas redes de aerogeneradores.
El Juzgado Decano de León, en el reparto ordinario de casos, entregó la denuncia del ministerio público al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León, que actualmente investiga las diligencias incoadas en virtud de la denuncia de los grupos ecologistas, según ha podido confirmar este periódico.
El artículo 329 del Código Penal al que se refiere la denuncia contempla que «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes, o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general» puede ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público de 7 a 10 años y con una pena añadida de prisión de seis meses a tres años, más la correspondiente multa.
La Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León, de quien depende la autorización de nuevos parques eólicos, ha declinado realizar cualquier comentario sobre éste y otros asuntos derivados de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que considera ilegal la fragmentación de proyectos para minimizar su impacto y así eludir la normativa ambiental y eléctrica. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, departamento responsable en última instancia de los estudios de impacto ambiental que pasa la Junta, defiende que los parques de Omaña y La Cepeda han sido evaluados correctamente. Otra cosa, según ella, «es la opinión» de un tribunal, a la que dice respetar pero sin darle más valor que el de una recomendación.