La Junta recuerda que ya aprobó un plan para reforzar el crédito de los maestros

El consejero de Educación de la Junta, Juan José Mateos, recordó ayer que cualquier aspecto relacionado con la autoridad de los docentes en el seno académico está regulado, «desde hace tres años», en el Plan de Convivencia Escolar.

El titular del área reconoció que aún desconoce el contenido de la ley proyectada por la Comunidad de Madrid para conceder a los profesionales de la enseñanza la condición de autoridad pública, aunque afirmó que Castilla y León tiene su propia hoja de ruta para velar por sus profesores.

El decreto autonómico, al que hace referencia Mateos, fortaleció la función de todos los maestros a través de la aplicación de medidas inmediatas sin la necesidad de abrir expediente disciplinario. Esta resolución simplifica los plazos de los procedimientos e introduce disposiciones reeducativas que van acompañadas de una investigación sobre el perfil de los estudiantes con comportamientos alterados. Incluyó también la figura del coordinador de convivencia en todos centros.

No obstante, y a pesar de que el consejero cierra, en principio, la puerta al debate, la propuesta de Esperanza Aguirre genera división de opiniones entre los representantes del profesorado.

El sindicato Anpe solicita al Ejecutivo autonómico que imite el ejemplo de Madrid para «devolver a los docentes el prestigio de hace años», según explica Pilar Gredilla, secretaria de la agrupación en la comunidad.

«Hacía mucha falta porque habían empeorado las condiciones de las aulas. Por eso estamos muy satisfechos, aunque todavía habrá que ver en qué condiciones se desarrollará la ley», afirma.

En sintonía. La devolución de la autoridad a la figura del docente «es una de las condiciones imprescindibles para ejercer nuestra profesión y una garantía para la calidad de la enseñanza», añade. En la misma línea manifiesta su criterio Javier Ampudia, responsable de educación no universitaria en CSI-CSIF, quien muestra su «total apoyo» a la penalización de ciertas conductas en el ámbito escolar y recuerda que este sindicato ya impulsó en enero de este año una campaña nacional con el objetivo de impulsar un cambio en la normativa para que la agresión a un profesor fuera condenada con hasta tres años de cárcel.

«Queremos que se entre de lleno en los conflictos de baja intensidad para que podamos poner coto a esas revueltas», justificó Ampudia, quien considera que este tipo de iniciativas «denota el fracaso educativo y la necesidad de recurrir a instancias mayores».

Por su parte, Comisiones Obreras considera que este colectivo necesita el «respaldo decidido e incondicional» de las administraciones para evitar agresiones y que, en caso de producirse, éstas sean castigadas convenientemente.

Más reticencias muestra el portavoz de UGT, Jesús López, quien apoya blindar la autoridad del profesorado y tipificar como delito los ataques, aunque puso en duda que la intención de Aguirre sea la que ha anunciado. «Ha privatizado centros públicos y potenciado la enseñanza privada, así que hay ciertos recelos ante esta propuesta», justifica.

Con matices. Mientras, Carlos Cadenas, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de León (Stele) recuerda que las autoridades judiciales ya aplican desde hace casi un año la vía penal a las faltas graves y considera que la ley «está para cosas más importantes». Es partidario de fortalecer la función docente, pero aprecia que ya existen mecanismos para garantizar este extremo. «Es una cuestión de oportunismo político, porque esto ya está recogido y los diferentes fiscales actúan de oficio cuando hay un caso de este tipo», matiza.

Finalmente, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia (Concapa) aplaudió el anuncio de Aguirre y afirmó que esta iniciativa supone un «paso más» para recuperar la valoración social del maestro, mientras que la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos la califica como un «despropósito».