La Fiscalía responde que ya penaliza las agresiones contra los docentes

La Fiscalía General del Estado ya mantenía que los profesores de los centros escolares públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y una agresión grave contra estos docentes puede ser considerada desde el prisma jurídico como un delito de atentado contra la autoridad. Así quedó establecido por la FGE en diciembre de 2008 mediante una circular remitida a las Fiscalías de toda España. En la instrucción se aconsejaba a los representantes del Ministerio Público considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves perpetradas contra los profesores y los médicos que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no las cometidas contra los que desempeñan esta función en los colegios concertados o privados ni en los centros sanitarios privados, bajo el argumento de que no ostentan «la cualidad de funcionarios públicos». La Fiscalía especificaba que «el bien jurídico protegido por el delito de atentado es el orden público en el sentido amplio, en cuanto las conductas que les afectan están dirigidas a menoscabar la actuación de las personas encargadas del normal funcionamiento de actividades de la Administración».