La familia, en el punto de mira

La propuesta de la Comunidad de Madrid para convertir a los profesores en agentes de la autoridad, al mismo nivel de jueces o policías, desempolva en las aulas un debate endémico a los últimos años. Profesores, padres y alumnos reconocen la conflictividad en los centros, pero la enfrentan a casos aislados y, por tanto, recurren el catastrofismo, aunque admiten la pérdida de valores «tan importantes» como el respeto y el esfuerzo.

La preocupación existe y la polémica no es nueva. Pero hay división de opiniones en cuanto a si una ley puede solucionar problemas que achacan a la sociedad y a las familias, aunque con tentáculos en los colegios e institutos.

«Necesitamos el apoyo de los padres y la administración», explica la directora de uno de los centros leoneses con mayor número de alumnos, situado en la periferia de la ciudad, quien admite que las leyes, «quizá», no sean las adecuadas, pero el problema -”subraya-” «no es sólo de los profesores, es de las familias».

Una opinión parecida vierte sobre el asunto el responsable de uno de los institutos del centro de León. Confronta con el alarmismo y considera que conflictos «ha habido siempre, aunque antes no salían en los medios». Recuerda que la Fiscalía ya actúa en los casos graves de agresión y no ve una incidencia real en la propuesta de Esperanza Aguirre. «Los alumnos que plantean la mayor parte de los problemas son menores de edad y, por tanto, se van a marchar de rositas», afirma.

Considera que las medidas penales deben recaer sobre los padres y apoya articular una nueva norma que dote al profesorado del principio de veracidad. «Los padres ahora se creen todo de sus hijos y los niños de familias desestructuradas no tienen un sentido de que han hecho algo malo». Aclara que el mayor índice de conflictividad se da en 2º y 3º de la ESO, mientras que en bachillerato las conductas problemáticas desaparecen.

Por su parte, una profesora interina de Música de sólo treinta años, y que imparte clase desde hace uno, ve la raíz del problema en que los «profesores no se apoyan» y, por lo tanto, «no hay respaldo del claustro a la hora de tomar decisiones drásticas».

«Estoy a favor de ponerlo todo por la vía penal, porque los alumnos saben que nadie les puede quitar la razón y siempre hay un pequeño grupo que te boicotea», denuncia.

Mientras, una compañera que da clases a tercero de primaria en un pueblo de la provincia considera que las administraciones deben dar más importancia a los deberes del niño, «no sólo a los derechos», y lamenta que, según su opinión, «la violencia en los centros sea hoy mayor que antes».

«La sociedad es la que tiene que combatir esto. Los chicos son el reflejo de sus familias», subraya esta docente, quien manifiesta que «se ha pasado de la represión del castigo físico a que un profesor no tenga la más mínima autoridad», por lo que reclama atacar a la base del problema, más allá de nuevas leyes, «porque lo preciso es mentalizar a la familia en recuperar los valores que se han perdido».

En parecidos términos expresa su criterio el profesor de Filosofía de un instituto de León, quien admite el «sentir mayoritario» de la comunidad docente sobre la «degradación» social de sus funciones. «Yo no tengo ese problema porque mis alumnos son chicos mayores y están en clase voluntariamente, pero hay de todo». Demanda recuperar el prestigio y considera que la clave de la situación actual «está en la educación, que debe empezar en casa».