La Fiscalía de León es partidaria de cambiar la ley para dar más autoridad al profesorado
Emilio Fernández aclara que es necesaria una norma específica para incluir también a los de la privada
El aumento de las agresiones en los centros recupera el debate sobre la autoridad del profesor.
El Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Emilio Fernández, es «partidario» de afrontar una reforma amplia de la ley para conceder más autoridad a los profesores. «Todo lo que sea reforzar este principio me parece bien», explicó el titular del Ministerio Público en León, quien apoya esta postura en el «aumento de las agresiones, las ausencias injustificadas y el clima de tensión y preocupación de los docentes».
Considera que la modificación de la norma debe conceder la categoría de funcionarios públicos a todos los profesionales de la enseñanza, no sólo a los de la pública, porque así «podríamos darles -"también a los de la privada-" un tratamiento público de atentado de delito o falta de consideración», aclara, en relación a la propuesta lanzada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Con posibilidad. Emilio Fernández recuerda que el Código Penal ya deja una vía abierta a la interpretación para elevar a la categoría de autoridad a los trabajadores de los colegios o institutos sufragados con fondos de la consejería, como ya se hizo con los profesionales de la sanidad, «pero, entonces, a los de la concertada, que también sufren este problema, no se les podría proteger», explica.
El Fiscal Jefe afirma que haría falta una ley específica para abarcar a todos los docentes y no caer en un «doble rasero» a la hora de evaluar cada caso.
Asegura que existen mecanismos para fortalecer el crédito del profesorado y penalizar las agresiones a este colectivo. «El concepto de funcionario es bastante amplio; en ese sentido, es todo aquél que participa en el ejercicio de la función pública», por lo que sólo habría que incluir en este cuerpo a todos los educadores.
