Madrid busca resquicios legales para no reforzar sólo a docentes de la pública

El Gobierno de Madrid abrirá un diálogo con los representantes de los colegios privados y concertados de la comunidad para estudiar «todas las posibilidades legales» que permitan incluir a los docentes de estos centros en la futura Ley de Autoridad del Profesor, anunciada por la presidenta Esperanza Aguirre.

Así lo indicó ayer la consejera de Educación Lucía Figar, quien destacó la repercusión a nivel nacional que ha tenido esta futura norma lo que, consideró, demuestra que era «necesaria».

Una trascendencia que, según recordó el portavoz del Gobierno madrileño, Ignacio González, ha llevado incluso al Rey a hacer «una llamada de atención» sobre la necesidad de «poner orden» para que se respete este principio en los centros escolares.

La titular delegada del área destacó asimismo el «drama» ocurrido ayer en un colegio público de Madrid, donde el padre de un alumno agredió a la directora del centro y amenazó de muerte al jefe de estudios, casi al tiempo en que el pleno de la Asamblea debatía la propuesta de Ley de Autoridad del Profesor y sólo tres días después de que comenzara el curso.

Según Figar, este agresor pasó la noche detenido en dependencias policiales y su actuación, manifestó, «confirma que la ley es necesaria» y «urgente», por lo que el Gobierno regional quiere enviarla pronto a la Asamblea para que sea aprobada en este periodo de sesiones.

Aseguró que el Gobierno de Madrid siempre ha sido partidario de «no interferir en la autonomía de los centros educativos privados y concertados», pero ha informado de que existe «una clara unanimidad» en este ámbito a favor de que su personal esté también protegido.

A favor. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, apostó ayer por que se reconozca la autoridad de los profesores, a los que definió como la «piedra angular» del sistema. Abogó por trabajar «todos unidos» por un «gran pacto en la Educación»