El incidente surge en pleno debate sobre la autoridad de los profesores

Este episodio de violencia en la escuela ha tenido enorme repercusión al producirse en pleno debate sobre la necesidad o no de proteger a los docentes públicos mediante la Ley de Autoridad del Profesor que ha propuesto Esperanza Aguirre y que distintas instancias del mundo educativo y el Defensor del Pueblo quieren extender a todos los profesores y todo el territorio nacional.

Si finalmente se produce la condena del acusado, la fiscalía podría aconsejar en su escrito de acusación que se considere a los docentes como autoridad pública. Finalmente, esta circunstancia convertiría a la agresión en un delito de atentado a la autoridad, que implica pena de cárcel de uno a cuatro años. Esto es precisamente lo que demanda la ley Aguirre, aunque la Fiscalía ha recordado estos días su recomendación de conceder a los profesores víctimas de agresiones la condición de -˜autoridad pública-™, lo que les equipara a pilotos de aeronaves comerciales, capitanes de navío o jueces y policía en ejercicio de su función.