Caamaño ordena a la Abogacía del Estado recurrir las dos resoluciones
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ordenó ayer a la Abogacía del Estado recurrir las dos sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce el derecho de objeción de conciencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en contra del dictamen del Supremo. Una misma postura. En este sentido, la Consejería de Educación considera que las dos resoluciones evidencian «la innecesaria confrontación que produce esta materia en el sistema educativo». La Junta reitera que se trata «de una disciplina que debería haber sido consensuada entre todos los partidos políticos o, en su defecto, haberse implantado como optativa». El fallo dictado por el TSJ no es firme y sólo afecta a los interesados en el asunto resuelto por el Alto Tribunal de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico «cumplirá con la decisión del TSJCyL y atenderá a los alumnos implicados por las citadas sentencias fuera del aula, si las familias de dichos escolares deciden que éstos se conviertan en objetores», explicaron. Además, este departamento indica que «el laberinto judicial al que está sometido el sistema de enseñanza con EpC sólo puede ser resuelto por el Ministerio de Educación o por los propios tribunales , a los que reclama se pongan de acuerdo en el sentido de sus sentencias».
