Herrera afirma que la materia continuará como obligatoria en todos los centros
La asignatura de Educación para la Ciudadanía continuará como obligatoria a todos los efectos en Castilla y León, independientemente de la sentencia dictada por el TSJ.
Así lo aclaró ayer el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien precisó que este asunto será tratado hoy en profundidad en el marco del Consejo de Gobierno, a partir de un estudio que ya ha encargado al consejero de Educación, Juan José Mateos.
Herrera señaló que, de la simple lectura de la sentencia, se desprende que «sólo afecta» a los padres que presentaron recurso contra la polémica materia.
Aseguró al respecto que la Administración «acata» esta última decisión judicial, y la ejecutará, aunque recuerda que el razonamiento jurídico admite que es contradictoria a la doctrina del Supremo.
El presidente de la Junta reclamó «tranquilidad» a los alumnos y a sus padres, si bien la disciplina será, pese al fallo, preceptiva, pero -"aseveró Herrera-" con el modelo curricular aprobado por la consejería y refrendado por el Alto Tribunal. El desarrollo de la disciplina en la comunidad «excluye cualquier aspecto que pueda atentar contra la libertad de conciencia de las familias».
Para Herrera, el último dictamen confirma que el asunto terminará en el Constitucional y esta asignatura seguirá generando «alarma e inseguridad, donde se necesita todo lo contrario», apuntó.
En este sentido, consideró que el Gobierno central cometió un «nefasto error al empecinarse en imponer Ciudadanía, que, reiteró, debió ser optativa y de la que se tendrían que haber podado algunas partes que pueden interferir en el legítimo derecho de libertad de conciencia de las familias».
Desde el otro lado . Por su parte, el líder del PSOE en Castilla y León, Óscar López, mostró ayer su respeto a las dos sentencias, aunque consideró que se trata de «un paso atrás».
«Desde el respeto a la sentencia, discrepo de que se pueda impedir a los alumnos de Castilla y León aprender valores constitucionales y cívicos, lo que en definitiva es la Educación para la Ciudadanía. La sentencia es un paso atrás y creo que las leyes están para respetarlas», manifestó el dirigente socialista.
«Me gustaría que Castilla y León fuera alguna vez referencia de modernidad y de progreso y no como una reserva espiritual de nada», opinó.
Además, López, diputado por Segovia, expresó su satisfacción porque el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, haya ordenado a la Abogacía del Estado que recurra las dos resoluciones, «porque los alumnos deben tener las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes de España».
«Considero que la moral pertenece al ámbito de lo privado y no es algo que se impone», resumió el líder del partido del puño y la rosa en la comunidad.
Mientras llega un dictamen unificado, los técnicos y juristas de la Administración autonómica estudian en profundidad las dos resoluciones judiciales para definir la postura de la consejería, que ya había eximido, a lo largo del curso pasado, y de manera provisional, a los estudiantes objetores a la materia, aunque la decisión del Supremo, que tumbó la discrepancia por motivos de conciencia, obligó al departamento de Juan José Mateos a corregir esta decisión. Reclamó entonces a los alumnos afectados que volvieran a clase. Si no, suspenderían.