La Junta reclama que se regule el perfil de las personas que cuidan a familiares

Los cuidados familiares se presentan en la ley de atención a la dependencia como un servicio excepcional. Sin embargo, se ha convertido en la opción mayoritaria: casi un 35% de las personas han elegido la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Según la gerente de Servicios Sociales de la Junta, Milagros Marcos, la opción de los cuidados familiares está condicionada por motivos económicos. «Si la familia opta por otro servicio tiene que pagar una parte, pero si opta por los cuidados en casa recibe una paga de 460 euros por término medio», alega.

Marcos sostiene que actualmente «hay plazas vacantes» en los centros residenciales para personas en situación de dependencia a causa de la gran cantidad de personas que optan por los cuidados en el entorno familiar.

«La falta de una regulación de las características que tienen que cumplir los cuidadores nos crea problemas serios», alega la responsable de Servicios Sociales en la Junta, al señalar que la ley es poco precisa al respecto y debería concretarse. Los equipos multidisplinares que realizan la valoración y elaboran el plan individualizado de cuidados necesitan «una herramienta clara para saber en qué condiciones se puede ser cuidador y en qué condiciones no, ahora es demasiado genérico».

Milagros Marcos culpa de la situación generada a «la falta de un desarrollo normativo previo a su puesta en marcha». En este sentido, critica que los planes de formación de las personas que cuidan a sus familiares lleguen dos años más tarde de entrar en vigor la ley.

Los cursos de formación se convierten, según la Junta, en la «única herramienta de control de calidad» de esta opción de atención a las personas en situación de dependencia. «No podemos permitir que una persona cuidadora sea a la vez u na persona dependiente», subraya Milagros Marcos.

También acusa al Gobierno central de aportar una financiación escasa para el desarrollo de la ley: «No se ha dimensionado el coste de su aplicación y ahora entre ciudadanos y administración autonómica aportan más que la administración que crea la norma». La gerente considera que este sistema «no es sostenible: En 2009 la Junta aporta 466 millones a la ley de la Dependencia en la comunidad y 81 el Estado», denuncia.