Un proceso que deberá estar culminado antes de julio
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en una conferencia ayer.
Análisis | m. j. muñiz
Las integraciones de las cajas de ahorro que sean financiadas, a través de la fórmula que sea, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberán ser estudiadas y ratificadas por la Unión Europea, que vigilará las ayudas públicas al sector financiero. Por eso los planes de viabilidad y proyectos de fusión de las cajas que se acojan a estos fondos públicos tendrán que estar en las instituciones europeas para ser examinados antes de julio del año que viene.
El tiempo está contado. Y las dificultades de las entidades también. Los analistas financieros están de acuerdo en que el 2010 será el verdadero annus horribilis del sector, e incluso la Ceca ha reconocido que el año que viene habrá entidades que presenten pérdidas.
Ante este panorama, el responsable del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, está poniendo plazos a las operaciones de fusión que se negocian actualmente en el país. El FROB servirá fundamentalmente para llevar a cabo una profunda reconversión del mapa de las cajas de ahorro, y hasta ahora ninguna de ellas ha acudido a los fondos habilitados para financiar estos procesos y salvar a las entidades en dificultades. Que no son pocas.
El fondo de rescate pretende atajar el que el Gobierno ha considerado el principal foco de problemas del sector financiero español, la dimensión de las cajas actuales y sus dificultades de solvencia.
En cualquier caso, frente a la lógica económica el devenir de las cajas de ahorro sigue marcado por la política. Desde los gobiernos autonómicos, que se resisten con todos sus argumentos a perder su capacidad de veto sobre las fusiones interregionales (lo que ha abortado negociaciones entre cajas de distintas autonomías que hubieran sido más razonables desde el punto de vista económico); hasta los cargos locales con representación en los consejos y las asambleas, que tratan de conservar la representatividad y la capacidad de decidir sobre el destino de los fondos de las entidades asentadas en su territorio.
Más allá de los eternos debates sobre la lógica empresarial y profesional que debería regir la actuación de las cajas de ahorro, de momento y salvo excepciones los procesos de fusión se están desarrollando entre cajas de las mismas autonomías. Lo que al menos debería hacer más sencillos los trámites, cosa que no siempre ocurre. El caso de Castilla y León no es único, pero es uno de los más acusados en lo que a territorialismos se refiere.
Las tres cajas de la comunidad en proceso de fusión han reclamado al Banco de España que «imponga» la fusión para facilitar la tramitación y el debate en los consejos de administración, y salvar en lo posible la polémica con los sindicatos sobre los recortes de personal. Así lo ha hecho el regulador: ya hay plazo final para aprobar el inicio de la fusión. En lo que no va a entrar el Banco de España, y así lo ha hecho saber, es en solucionar los líos políticos de cada caja.