Un chivatazo con sombras

El 4 de mayo de 2006, entre las 11,10 y 12,00 horas, una llamada al supuesto jefe de la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa, alertó de la inminencia de una operación policial en Irún contra la trama de recaudación del impuesto revolucionario. La llamada existió. Lo revelan los pinchazos a Elosúa y de su existencia no duda ni la Fiscalía ni el juez Garzón. Tres años y medio de investigaciones, a juicio del Ministerio Público, no han servido, sin embargo, para aclarar quién estuvo detrás de esa delación. El aviso, según el propio Elosúa, tenía como objetivo no complicar el proceso de negociación con ETA entonces en marcha.

La Fiscalía ha pedido a Garzón que dé carpetazo al asunto por falta de autor conocido, pero sindicatos de policía, acusaciones, víctimas del terrorismo y el PP piden que el chivatazo no se cierre en falso y se agote la línea investigación que apunta a que los autores son responsables del Ministerio del Interior. Las sombras son más que las luces en este caso, cuyo sumario sigue en la penumbra ya que Garzón no permite hacerlo público pues recoge datos identificativos de agentes de la lucha antiterrorista. Las preguntas sin respuesta se acumulan.

Responsables de Interior. ¿Qué pruebas llevaron a los agentes a sospechar que el entonces director general de la policía, Víctor García Hidalgo, podía estar detrás del chivatazo? Según la Fiscalía, el teléfono del director y cinco funcionarios, entre ellos un comisario antiterrorista y el jefe de policía del País Vasco, estuvieron pinchados dos años con autorización del juez, que vio indicios suficientes para adoptar una medida tan extrema.

Comisario general. El sustituto de Garzón, Marlaska, en una decisión sin precedentes, prohibió participar en la investigación a Telesforo Rubio, en aquel momento comisario general de Información. Jamás se conocieron sus razones.

Guardia Civil. ¿Por qué apartó Garzón a la Guardia Civil del caso? Marlaska encomendó al instituto armado que indagara, porque la propia policía podía estar involucrada. En cuanto Garzón regresó de EE.UU., apartó a la benemérita.

Datos erróneos. La Guardia Civil apenas tuvo tiempo para investigar y partió de datos erróneos sobre la hora del chivatazo. ¿Despiste o intencionalidad?

Agentes con intereses. Tras apartar a la Guardia Civil, el caso quedó en manos del inspector jefe Carlos G, algo inusual porque por la parte francesa estas diligencias estaban dirigidas por un comisario, un rango superior. Además, el inspector que debía investigar el chivatazo tenía intereses directos en el caso pues él mismo estaba al frente del equipo policial que investigaba la trama de extorsión de ETA que recibió la delación.

Cadena de mando. Ni Garzón ni la Fiscalía exigieron la relación de la cadena de mandos de Interior que estaban al tanto de la inminencia de la operación. Al margen de los imputados, ningún otro alto cargo ha declarado como testigo.

Llamadas. La policía investigó 47 teléfonos móviles, aunque el tráfico de llamadas en esa zona a la hora en que se produjo el chivatazo fue mucho mayor. Algunas fuentes apuntas a que hubo cerca de 200 números. Sólo se solicitó a Francia información sobre tres móviles.

Cámaras. El inspector Carlos G. acusó esta semana a la Fiscalía de haber omitido en su informe datos. Afirma, en contra de lo que dice el fiscal, que hay grabaciones de todo lo que ocurrió ese día en las inmediaciones del bar Faisán, centro de la red de extorsión, y no sólo de la puerta principal del local.

Investigación paralela. El fiscal cree que la hipótesis de los agentes, que el aviso fue obra de responsables policiales, no es más que una elucubración.

Reconocimiento. Elosúa nunca ha identificado en las ruedas de reconocimiento al autor del chivatazo. En esos reconocimientos no han participado todos los agentes que se encontraban en la zona ese día.

Careos. Jamás se han producido careos entre los involucrados, aunque sus versiones no son coincidentes.