Generalitat financia a una asociación que denuncia a España ante la ONU por torturas a etarras

La Generalitat de Catalunya financia y colabora con una asociación que ha presentado ante la Organización de Naciones Unidas una denuncia contra España por torturas en las detenciones de los miembros de la banda terrorista ETA. El informe fue encargado por el anterior Ejecutivo vasco de Juan José Ibarretxe, mientras que el actual gobierno autonómico lo "rechaza" porque "no responde a la filosofía, ni a las intenciones que guían su actuación en materia de defensa y promoción de los derechos humanos". La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha presentado un informe en el que se concluye que la "tortura es un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados", en referencia a los detenidos acusados de integración en la banda terrorista ETA. El escrito, que fue encargado por Joseba Azkárraga cuando era consejero de Justicia del Gobierno vasco en la anterior legislatura, puede ser tenido en cuenta en el examen del quinto informe periódico sobre España, que tendrá lugar del 2 al 20 de noviembre en la Comisión Contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra.

La asociación que ha presentado el escrito, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, colabora con la Generalitat de Catalunya, tal como refleja su página web, en la que figuran colaboradores como el Departamento de Interior a través de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos y la Agencia Catalana para la Cooperación al Desarrollo. Según publicaba en mayo de 2007 el DOGC, la Agencia la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo le concedió en 2006 una subvención de 80.000 euros, con la finalidad de crear un "marco de colaboración para fomentar el proceso de codificación jurídica de Derecho Humano a la Paz, enfocado en el proceso de codificación de la ONU; de crear una institución física o virtual pero estable referida al derecho humano a la paz".

CONTENIDO DEL INFORME

El citado trabajo, desarrollado por cinco médicos y dirigido por el profesor de Medicinal Legal de la UPV, Benito Morentín, se titula: "Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: abordaje científico". Fue encargado y pagado por la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. En el informe se carga contra la "incomunicación de los detenidos" --precisamente una de las batallas que plantean todas las asociaciones vinculadas a ETA en Naciones Unidas--, alegando que este es el momento en el que se produce el mayor número de casos de malos tratos; afirma que de los 1.231 detenidos en relación con ETA entre 2000 y 2008, 957 fueron incomunicados. De ellos 634 alegaron malos tratos o tortura y 634 personas interpusieron denuncia judicial.

Además, entre sus 88 páginas, se desgranan numerosos datos de denuncias para concluir que, de los 289 testimonios recogidos, los métodos más frecuentes son: golpes, posición anómala o forzada, plantón, exposición a ruido, asfixia por bolsa y extenuación física, entre otras. Los autores del texto señalan a la Guardia Civil como la que tiene más incidencias de este tipo y exculpan a la Ertzaintza, diciendo que no existen denuncias contra este cuerpo. Lo justifican por la actitud "más firme" del Gobierno vasco de entonces contra la práctica de torturas. Admiten que no han hecho un análisis del procedimiento y de la situación de cada denuncia que se ha presentado al respecto, pero creen que ninguna ha finalizado en una condena judicial. Sin embargo, encuentran justificación para que no haya condenas al alegar que se dilatan las investigaciones judiciales sobre torturas, que hay ausencia de una investigación rigurosa o que no son atendidos por un médico de confianza.

La Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas ha colgado ya el citado dictamen en su página web, donde además, se pueden consultar informes que han remitido otras asociaciones vinculadas al mundo de ETA y Batasuna, y que contienen conclusiones muy similares. Este es el procedimiento --colgar en la web los informes enviados-- que sigue Naciones Unidas antes de cada sesión, en la que las organizaciones participantes acuden, posteriormente, a defender los textos que han remitido.

EL GOBIERNO DE PATXI LOPEZ RECHAZA EL INFORME

Sin embargo, el Gobierno vasco actual "rechaza" el citado informe y afirma que "no responde ni a la filosofía, ni a las intenciones que guían su actuación en materia de defensa y promoción de los derechos humanos". De hecho, el Ejecutivo socialista tuvo conocimiento de la existencia de este informe porque apareció en el Parlamento vasco, donde fue remitido por Joseba Azkárraga unos días antes de dejar el Gobierno vasco.

El problema es que el documento que aparece en la Comisión contra la Tortura, en Ginebra, no lleva ni fecha, ni deja claro que fue encargado por el Ejecutivo de Ibarretxe, por lo que puede conducir a la confusión de las personas que lo lean, que pueden pensar que el Gobierno vasco actual denuncia torturas en las detenciones, cuando esto no es así y el Gobierno de Patxi López ni encargó el trabajo, ni lo comparte.