Garzón golpea al PSC y a CiU en una redada anticorrupción en Barcelona

Comisiones urbanísticas millonarias, adjudicaciones amañadas de obras y de servicios públicos y blanqueo de capitales en paraísos fiscales. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desató este martes la operación Pretoria contra la corrupción inmobiliaria a gran escala en la provincia de Barcelona y situó en el epicentro a dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol y a los gobernantes socialistas del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, entre ellos su alcalde. Todos están acusados de delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según las investigaciones, los ocho arrestados ganaron millones de euros en un gran -˜pelotazo-™ urbanístico en Santa Coloma hace una década, entre otros negocios turbios.

Decenas de agentes de los equipos adjuntos a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil participaron desde las diez de la mañana en el operativo, que se saldó con ocho detenidos y 13 registros en los municipios catalanes de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y L-™Hospitalet. Los primeros arrestados fueron los dos veteranos ex altos cargos de Convergencia i Unió, cuyos movimientos patrimoniales hace siete años pusieron a la Guardia Civil sobre la pista de la trama corrupta: Lluís Prenafeta, de 70 años, mano derecha de Pujol mientras gobernó y antiguo secretario de Presidencia del Ejecutivo autonómica, y Macià Alavedra, de 75 años y ex titular de las carteras de Gobernación y Economía.

A continuación, se produjeron las detenciones del alcalde socialista de Santa Coloma desde el 2002 y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz, y dos de sus hombres de confianza en el consistorio, Pascual Vela, director gerente de servicios del ayuntamiento, y Manuel Dobarco, tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y presidente de la empresa municipal Gramepark, uno de los pilares de la presunta trama.

Garzón también ordenó la captura del ex diputado socialista Luis García Sáez, quien ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT, y de dos conocidos promotores catalanes.