Los socialistas amenazan con expulsiones y los convergentes se desmarcan
Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramanet, y Manuel Dobarco, concejal de Urbanismo, detenidos este martes en el marco de la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en la localidad barcelonesa, serán expulsados del PSC si la «autoridad judicial toma medidas» contra ellos, es decir si son imputados, según anunció el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza.
Los socialistas, que pidieron además «respeto a la presunción de inocencia», reclamaron a «todos los cargos electos socialistas y a todos los militantes la máxima colaboración con la justicia ante unos hechos que, de confirmarse, serían de una gravedad extrema y manifiestamente incompatibles con la pertenencia al partido». El PSC anunció que propondrá la «elección inmediata» como alcalde de Santa Coloma a Antoni Fogué, actual presidente de la Diputación de Barcelona.
La Generalitat también pidió respeto por la presunción de inocencia, aunque afirmó que se mantendrá «intolerante ante cualquier posible caso de corrupción en Cataluña». «En estos momentos difíciles es preciso mantener la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho», dijo el consejero de Interior, Joan Saura.
Presunción de inocencia. CiU también dio la cara y compareció tras la detención en el mismo caso de los ex altos cargos de los Gobiernos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Reclamó igualmente la presunción para todos los afectados y exigió la máxima celeridad judicial para llegar lo más lejos en todos los casos que se hayan podido realizar. «Alavedra y Prenafeta, militantes históricos, no tienen ningún cargo de responsabilidad en el partido desde hace 12 años», afirmó el vicesecretario de la formación nacionalista, Felip Puig.
«Nosotros no haremos juicios paralelos como ha hecho el PSC, que ha extendido la sombra de la sospecha» por el caso Palau de la Música, señaló Puig. En cualquier caso, el dirigente nacionalista vinculó a Muñoz con la cúpula del PSC, especialmente con José Zaragoza, «su mano derecha y miembro de la Ejecutiva», dijo.
Desde Madrid, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó que su partido mantiene «tolerancia cero con la corrupción».