La ley de Extranjería permite a oenegés asumir la tutela de menores inmigrantes
La nueva norma, que no contó con el apoyo de PP, CIU y UPyD, amplía de 40 a 60 días el periodo de internamiento de los expatriados antes de proceder a su expulsión
El Pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la ley de extranjería, que permite a las oenegés y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta.
Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP ha anunciado que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.
En declaraciones posteriores a la prensa, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha avanzado que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente reglamento de extranjería, aprobado en el 2004.
Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso ha aceptado casi 300.
Junto al rechazo del PP, IU-ERC-ICV y Unión, Progreso y Democracia -”éste último por opinar que se restringen los derechos del inmigrante-”, el BNG se ha abstenido, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Convergencia i Unió y el PSOE han respaldado la norma.
Lo que dice el PP. Durante su intervención, el portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, ha asegurado que esta reforma no servirá para frenar las «avalanchas» de inmigrantes en situación irregular. Ha considerado también una barbaridad que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales puedan asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y que las CCAA puedan formalizar convenios en temas migratorios con otros países. En el caso de los menores españoles, la ley ya contempla esta posibilidad
A partir de la aprobación de la ley, los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de sesenta días, en lugar de los 40 días actuales.
Precisamente, este es el principal escollo por el que el BNG no ha dado su apoyo a la ley.
En el caso de que la cónyuge fuera víctima de maltrato podrá obtener la autorización de residencia independiente desde el momento en que se dicte una orden de protección o cuente con informe del Ministerio Fiscal en el que se constaten indicios de violencia.
Cuando el procedimiento penal concluya con la declaración de víctima de violencia machista, no continuará el expediente administrativo sancionador incoado, y habrá opción de concederle un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.